El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afectaría la vida de miles de personas que habitan más de 150 comunidades
Desde hace décadas, los tres estados de la Península de Yucatán afrontan un conflicto territorial por una zona específica de la selva maya conocida como Punto Put.
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente un fallo que podría alterar el mapa de esta región, afectando a miles de habitantes que se encuentran en esa zona.
Según datos del INEGI, el Punto Put es un vértice geográfico ubicado en plena selva maya, al sur de la Península de Yucatán, donde convergen los límites territoriales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Físicamente, es un monolito de concreto con forma piramidal, erigido en 1922 sobre las ruinas de una antigua hacienda llamada Rancho Put.
Foto: Gobierno del Qiuntana Roo
Este marcador fue designado en 1902, durante la creación del Territorio de Quintana Roo bajo el gobierno de Porfirio Díaz, con coordenadas aproximadas en el meridiano 89° oeste y el paralelo 19° norte. Sin embargo, la falta de una demarcación precisa ha sido el origen de décadas de disputas.
El punto se encuentra en una zona remota de selva densa, accesible solo a pie o en vehículos todoterreno, aproximadamente a 10 kilómetros del poblado de San Juan, en Tekax, Yucatán; al oeste de José María Morelos, Quintana Roo, y cerca del municipio de Calakmul, Campeche.
El área en controversia abarca unos 20 kilómetros de ancho por 120 kilómetros de largo, rica en recursos forestales, chicle y agua, pero sin servicios básicos.
Los antecedentes de la disputa se remontan a 1812, con tensiones entre Mérida y Campeche que culminaron en la separación de Campeche como estado en 1862, mediante decreto federal de Benito Juárez.
El Punto Put fue definido en 1902 al crearse el Territorio de Quintana Roo, y su ubicación fue ratificada en 1922 con la colocación del monolito de concreto, aunque sin una demarcación geodésica precisa.
La disputa moderna resurgió en 1939, a raíz del cobro de impuestos al chicle, y se intensificó en 1996 con la creación del municipio de Calakmul en Campeche, generando indefiniciones sobre aproximadamente 10,000 km², lo que equivale a casi el 20% del territorio de Quintana Roo.
Foto: Por Esto
En 2019, Quintana Roo emitió un decreto que modificaba unilateralmente sus límites, afectando municipios yucatecos como Tekax, Tzucacab, Peto, Chemax y Valladolid.
Esto motivó a Yucatán a interponer la Controversia Constitucional 226/2019 ante la SCJN. Campeche participó como tercero interesado. En 2025, tras la elección judicial, el caso fue asignado a la ministra María Estela Ríos, reabriendo el debate después de fallos parciales previos que favorecieron a Yucatán.
La resolución definitiva sigue pendiente, con peritajes geodésicos en curso para mapear los límites exactos.
Más de 150 comunidades en la zona selvática viven en incertidumbre permanente. Localidades como Justicia Social, Saczuquil y otras cercanas a Calakmul reciben servicios fragmentados: agua de un estado, escuelas de otro y atención médica precaria o inexistente.
Habitantes de municipios como Calakmul (Campeche), Othón P. Blanco (Quintana Roo) y Tekax (Yucatán) padecen falta de carreteras, luz intermitente, ausencia total de internet y pérdidas agrícolas por el aislamiento.
Foto: Diario de Yucatán
Muchos de ellos, migrantes originarios de Veracruz, Chiapas y Tabasco, carecen de una identidad estatal clara. Estas poblaciones cuentan con abundantes recursos forestales e hídricos, pero reciben atención gubernamental solo durante campañas electorales.
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Según especialistas, una sentencia de la SCJN podría reasignar territorios, obligando a cambios en registros civiles, prediales y fiscales, además de posibles modificaciones en las jurisdicciones municipales y estatales. Desde el punto de vista legal, invalidaría decretos unilaterales como el de Quintana Roo de 2019 y establecería coordenadas precisas mediante peritajes técnicos.
El fallo también impactaría competencias exclusivas en materia fiscal, electoral y administrativa. De perder áreas como parte de Calakmul —hasta 6,000 km²—, Campeche vería reducida su representación en el Congreso federal y sus transferencias presupuestales por criterios de población y territorio.
La resolución es considerada el litigio territorial más trascendente en la historia reciente de Quintana Roo. Podría redibujar el mapa peninsular, desplazar el Punto Put y reasignar comunidades enteras —como Justicia Social, que pasaría de Yucatán a Quintana Roo.
Además, alteraría los presupuestos estatales, los estados ganadores absorberían costos de servicios, mientras los perdedores dejarían de percibir ingresos por recursos naturales como maderas preciosas y chicle.
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El mapa actual muestra líneas rectas con imprecisiones históricas. Un nuevo dictamen geodésico incorporaría límites exactos, con la posibilidad de que Quintana Roo amplíe su territorio entre 4,800 y 10,000 km² a costa de Campeche y Yucatán.
Esto alteraría el centro geográfico de la Península, con implicaciones directas en la planeación urbana, la Reserva de la Biosfera de Calakmul y megaproyectos como el Tren Maya. Los mapas oficiales del INEGI y los registros federales tendrían que actualizarse conforme al nuevo vértice del Punto Put.
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