La participación de los agentes extranjeros en Chihuahua terminó revelada tras un incidente automovilístico en el que también murieron dos elementos de la AEI
Un operativo realizado en la sierra de Chihuahua, en el cual se desmanteló un narcolaboratorio de gran capacidad, se vio empañado tras revelarse la presencia de agentes extranjeros en la redada. Específicamente, se trató de personal de la CIA, lo que generó una fuerte tensión entre el gobierno estatal y el federal.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intervención de dichos elementos estadounidenses nunca fue notificada a las instancias federales, situación que representa una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
El 16 de abril personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal militar desmantelaron un laboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, que, de acuerdo a dichas autoridades, era uno de los más grandes encontrados en México.
En dicha operación se encontraban cuatro agentes estadounidenses, quienes estuvieron dentro del convoy de policías ministeriales.
Posteriormente, el 18 de abril la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que habían localizado dos laboratorios de metanfetamina en la sierra del estado, entre los municipios de Morelos y Guachochi.
En su comunicado, la agencia subrayó que en dicho operativo conjunto solo participaron elementos de la AEI, a Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.
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No obstante, la madrugada del 19 de abril, mientras autoridades se desplazaban por la sierra en un convoy, una de las camionetas sufrió un accidente. En el vehículo viajaban el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, y dos agentes estadounidenses; todos fallecieron en el siniestro.
Horas después, la FGE de Chihuahua ofreció una conferencia de prensa encabezada por su entonces titular, César Jáuregui Moreno. En ella se detallaron los aseguramientos informados el 18 de abril, mostrando fotos y videos del operativo.
Poco después, la Fiscalía publicó las esquelas de los agentes caídos. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió un mensaje lamentando la muerte de dos integrantes del personal de dicha embajada, donde apuntó que el deceso ocurrió junto a personal chihuahuense.
Aquel mensaje levantó sospechas sobre la naturaleza del operativo, pues el fallecimiento de los agentes extranjeros abrió la posibilidad de una intervención directa en los aseguramientos presumidos por la Fiscalía estatal.
El 20 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua. Aquel día, la mandataria explicó que su intervención no fue informada al Gabinete de Seguridad y afirmó que fue decisión a autoridades de Chihuahua.
“No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua”, dijo, por lo que señaló que estaban pidiendo toda la información para revisar si existía alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional. Sheinbaum recalcó que relación con autoridades extranjeras se rige desde la federación, no estatal, conforme a lo que establece la Constitución.
Horas después, ese mismo 20 de abril, el entonces fiscal general de Chihuahua rechazó que los agentes estadounidenses, que aún se señalaban como personal de la Embajada de los Estados Unidos, hubieran participado en los operativos.
“Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio, quizá de los más grandes que se haya localizado”, expresó.
Según explicó, los agentes estadounidenses eran instructores y daban labores de capacitación en drones, tácticas y conocimientos de este tipo. Asimismo, afirmó que estos se habían reunido con el personal de la AEI después del operativo y horas después del encuentro ocurrió el accidente en el que cayeron al barranco.
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El 21 de abril, The Washington Post publicó un artículo en el que señaló que los agentes estadounidenses no eran personal de la Embajada de los Estados Unidos sino elementos de la CIA. En el mismo texto, el diario afirmó que el accidente mortal tuvo lugar luego de que los elementos estadounidenses “regresaban del lugar de una operación antinarcóticos“.
El miércoles 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que sostendría una reunión con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a petición de ella, dada a conocer un día antes.
Asimismo, descartó que esta se tratara de una mayor ofensiva emprendida por el gobierno de Donald Trump, como aseguró en su texto The Washington Post.
Ese mismo día, Los Angeles Times revelaron que en el operativo participaron cuatro elementos de esta agencia estadounidense y no dos, como hasta ese momento se tenía conocimiento. Además, aseveró que la intervención era al menos la tercera ocasión en lo que va del año en que personal de la CIA participaba con autoridades de Chihuahua en acciones contra objetivos vinculados al narcotráfico.
En ese mismo texto, se detalló que el personal estadounidense actuó en la redada con uniformes de la AEI, con el fin de pasar desapercibidos entre los demás elementos mexicanos.
En tanto, también ese mismo día el Senado de la República determinó llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua y al entonces fiscal general estatal.
El 23 de abril, el discurso de Sheinbaum cambió y se volvió más fuerte contra las autoridades estatales y las acusó de haber violado la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
“La principal falla está en el gobierno estatal que solicitó esta colaboración y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, dijo. En ese sentido, precisó que era necesario esclarecer si la falta fue realizada por la FGE de Chihuahua o el gobierno estatal.
Más tarde ese día, la gobernadora de Chihuahua se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para abordar la participación de agentes de la CIA en un reciente operativo en la entidad. Las conclusiones sobre dicho encuentro no fueron dadas a conocer ese día.
El 25 de abril, el Gabinete de Seguridad señaló que los agentes estadounidenses no tenían registros migratorios que justificaran sus labores de seguridad.
Uno ingresó al país como visitante sin permiso para actividades remuneradas y el otro con pasaporte diplomático, por lo que ninguno de los dos contaba con la acreditación formal requerida por la ley mexicana para participar en acciones operativas dentro del territorio nacional.
En este mismo texto, el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores negaron haber tenido conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran participando físicamente en operativos.
Por esta razón, se informó que iniciaron revisiones exhaustivas en coordinación con las autoridades de Chihuahua y la Embajada de Estados Unidos para esclarecer las circunstancias de su presencia en la zona.
El 27 de abril, César Jáuregui Moreno renunció como fiscal general de Chihuahua, hecho que dio a conocer en una conferencia de prensa.
Ahí, reconoció que la información dada a conocer por él en un inicio fue “inconsistente y ameritaba una investigación”, los cuales vulneraron la “mecanismos de control y comunicación” de la institución.
Ante esto, expresó que se separaría del cargo para que las investigaciones sobre el incidente se desarrollaran “con autonomía, prontitud y exhaustividad y para restablecer la confianza pública”.
Poco antes, la titular de la Unidad Especializada en investigar el caso, , Wendy Chávez, aseveró en conferencia que la participación de los agentes estadounidenses podría tratarse de una “colaboración extraoficial”.
Dijo que, las indagatorias iniciadas el 24 de abril, apuntaban que los agentes extranjeros no pertenecían a la AEI ni formaban parte del despliegue institucional, razón por la que su intervención en el convoy y su presencia en el laboratorio clandestino no fueron informadas a los mandos superiores.
Señaló que su participación fue limitada y sin interacción operativa directa, salvo con el director de la AEI, quien falleció en el accidente víal.
Asimismo, la funcionaria aseguró que los elementos estadounidenses no llevaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución, así como portaban vestimenta civil y tuvieron el rostro cubierto “la mayor parte del tiempo”.
El 28 de abril ni Maru Campus ni el ex fiscal fueron a comparecer al Senado de la República.
Más tarde, García Harfuch fue cuestionado en una conferencia de prensa sobre su encuentro con la gobernadora chihuahuense, en el que externó que ella le aseveró no haber sido enterada de que los agentes estadounidenses intervinieron en el aseguramiento del narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.
“La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, dijo.
Asimismo, ese día la Fiscalía General de la República (FGR) informó que había iniciado dos investigaciones por los hechos ocurrido en la Sierra del Pinal, en el estado de Chihuahua.
La primera en relación al narcolanoratorio ubicado entre los municipios de de Morelos y Guachochi; y la segunda, por la presencia de agentes extranjeros, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.
En tanto, Milenio reveló una presunta foto en la que aparecían siete agentes previo a la redada, en la que se afirmaba que cuatro de ellos eran los supuestos agentes estadounidenses, con uniforme de la AEI y portando armas. Más tarde la Unidad Especializada de investigar el caso negó la información.
El 4 de mayo, el vocero de la FGR y titular de la Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, dio a conocer que llamaría a declarar a 50 agentes de la FGE de Chihuahua.
Así, el 7 de mayo, elementos de la AEI de Chihuahua acudieron a dar sus testimonios a la sede de la FGR en Ciudad Juárez.
El 12 de mayo, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, convocó a la militancia de su partido a realizar una movilización en Chihuahua, la cual estaría acompañada de una demanda para exigir juicio político contra la gobernadora.
Ante este hecho, ese mismo día Maru Campos publicó un video respondiendo a los hechos, en el que aseveró que siempre ha sido respetuosa de la Constitución Mexicana y de sus leyes.
Aunado a ello, recalcó que el operativo fue ejecutado por quienes tenían las atribuciones de experiencia y formación de policía e investigación criminal, recalcando que en ningún momento autorizó ni tuvo conocimiento sobre la presencia y participación de agentes extranjeros en dicha operación.
El 12 de mayo, la fiscal especial Wendy Chávez Villanueva informó que los cuatro ciudadanos estadounidenses involucrados en el operativo de Morelos, Chihuahua, fueron captados en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas en dos ocasiones previas al 16 de abril.
Según los registros, al menos uno de ellos portaba un arma de fuego larga. Estas evidencias sugieren una interacción directa no solo con el fallecido director de la AEI, sino posiblemente con otros funcionarios de alto nivel dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con las investigaciones, los agentes extranjeros se integraron al convoy de la policía ministerial desde que este partió de la ciudad de Chihuahua hacia la zona serrana.
Durante el trayecto y las actividades previas, los ciudadanos estadounidenses vistieron de civil y no portaron insignias de ninguna corporación o agencia de seguridad. La fiscalía especial ha detectado, además, un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre estos individuos y diversos integrantes de la estructura estatal de seguridad.
Tras el análisis de más de 6 mil horas de video y diversos registros digitales, las autoridades señalaron que, si bien se confirma la presencia de los extranjeros en áreas restringidas de la Fiscalía, no se han encontrado pruebas que sugieran que estos estuvieran brindando adiestramiento, instrucción o ejerciendo mando oficial.
No obstante, se ratificó que en ningún momento utilizaron uniformes tácticos ni insignias oficiales de la AEI.
También, dio a conocer que ni la representación consular ni la embajada de Estados Unidos han respondido a las solicitudes para identificar a los sujetos o aclarar a qué agencia pertenecen, por lo que legalmente continúan en calidad de desconocidos.
Asimismo, la fiscalía confirmó que no existe registro alguno de que el director de la AEI o sus subordinados hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la incorporación de estos agentes extranjeros al operativo.
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