De acuerdo a las afirmaciones estadounidenses, hasta una cuarta parte del combustible vendido en México podría provenir del huachicol
Este martes 30 de junio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades, a los cuales vincula con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con actividades de contrabando transfronterizo de combustible.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda de México, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), notificó que estas 11 personas fueron incluidas en su Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, se dio a conocer que las medidas están vinculadas a una trama de robo de combustible.
Dicha estructura delictiva incluye el contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsificados y sociedades ficticias a fin de evadir el pago de impuestos en México (delito conocido como huachicol); una operación relacionada directamente con el CJNG cuyos actos generan decenas de millones de dólares en ganancias para la organización.
A la par, la FinCEN emitió una alerta complementaria sobre tipologías financieras e indicadores de riesgo que revelan cómo el CJNG y otros grupos criminales con sede en México contrabandean combustible desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.
Según destacaron las autoridades estadounidenses, además de la colaboración de diversas agencias de seguridad y antidrogas que coordinaron la investigación, las penalizaciones fueron elaboradas conjuntamente con la UIF de México.
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Los dos ciudadanos mexicanos que fueron sancionados de manera binacional, fueron: Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez.
Juraidini Silva es Identificado como el cerebro financiero y empresario de una célula que facilita la red de robo de combustible del CJNG. Se encargaba de crear y gestionar sociedades ficticias, alterar pedimentos aduaneros para evadir el IEPS y comercializar el combustible de contrabando con cadenas de gasolineras minoristas en territorio mexicano.
En cuanto a Ruiz Villagómez, se le señala como operador logístico clave encargado de la introducción material del combustible desde Estados Unidos, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía de México.
Su función incluye el pago de cuotas y sobornos a los grupos criminales que controlan los puertos de entrada fronterizo, tal como afirmaron las autoridades estadounidenses tras sus indagatorias.
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Las empresas señaladas en esta misma sanción, incluye una rama ligada a Juraidini Silva y otra a Ruiz Villagómez. En cuanto al primero, su red corporativa designada por la OFAC incluye:
Retrato de Oscar Guillermo Juraidini Silva. Foto: Departamento del Tesoro de EU
En cuanto a la estructura logística ligada a Ruiz Villagómez, se incluyeron:
De acuerdo a la investigación estadounidense, el CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos mediante el robo, adulteración y tráfico de hidrocarburos.
Según se señaló, el tráfico ilícito de combustible, conocido como «huachicol», se ha consolidado como la fuente de ingresos ajena al narcotráfico más importante para los cárteles mexicanos.
Retrato de J. Refugio Ruiz Villagómez. Foto: Departamento del Tesoro de EU
Esta actividad abarca desde el robo directo de hidrocarburos y petróleo crudo a Petróleos Mexicanos (Pemex), ejecutado mediante tomas clandestinas, asaltos y sobornos a empleados para su venta en el mercado negro local, hasta el contrabando de crudo hacia Estados Unidos.
En este último caso, de acuerdo a las indagatorias, los criminales etiquetan el petróleo robado como “aceite usado” u otros materiales peligrosos para burlar los controles aduaneros, vendiéndolo a precios de descuento a importadores estadounidenses cómplices que posteriormente repatrian las ganancias ilícitas a México.
Por otro lado, el fenómeno del “huachicol fiscal” consiste en el contrabando inverso de combustibles (como gasolina, gasóleo y nafta) desde Estados Unidos hacia México con el objetivo de evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un esquema tan masivo que, según sus cálculos, entre una cuarta parte y un tercio del combustible vendido en territorio mexicano podría ser ilegal.
Para lograrlo, los cárteles se apoyan en distribuidores estadounidenses y empresas comercializadoras mexicanas cómplices que, a pesar de tener permisos de distribución nacionales, carecen de autorizaciones de importación.
Esquema de huachicol transfronterizo entre México y Estados Unidos. Foto: Departamento del Tesoro de EU
El combustible se desvía a través de complejas redes logísticas de empresas fachada y flotas clandestinas, para luego ser comercializado formalmente mediante facturas falsas en gasolineras controladas por el crimen organizado o en puntos de venta irregulares.
Para sostener este sistema, los cárteles pagan a los proveedores en Estados Unidos a través de intermediarios financieros mediante transferencias bancarias, activos digitales o depósitos estructurados en efectivo con dinero ligado al narcotráfico, operando un lavado de dinero basado en el comercio.
Mientras que los cómplices estadounidenses blanquean sus utilidades en bienes raíces, inversiones y artículos de lujo, en México los cárteles utilizan las ganancias del mercado negro de combustible para financiar estratégicamente campañas políticas y medios de comunicación.
Esta infiltración les permite imponer a funcionarios corruptos en puestos gubernamentales clave, garantizando la protección de sus redes de contrabando y obteniendo acceso a contratos públicos para legitimar sus recursos, según señala el documento del Departamento del Tesoro.
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