La mujer había recuperado su libertad en noviembre de 2025 en CDMX, luego de que un tribunal la absolviera del delito de homicidio por omisión relacionado con la muerte de su hijo de seis años de edad.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una nueva orden de aprehensión contra Berenice “N”, madre del niño conocido como “Crucito”, uno de los casos de violencia infantil que más indignación generó en la capital del país durante los últimos años.
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La muerte de Cruz ocurrió en 2024 en la alcaldía Iztacalco y provocó una fuerte reacción social debido a las condiciones en las que vivía el menor. De acuerdo con las investigaciones, el niño sufría desnutrición severa y presuntamente era víctima de maltrato constante dentro de su entorno familiar.
Las autoridades señalaron que el menor falleció tras una brutal golpiza presuntamente propinada por su padrastro, Óscar “N”. Además, durante la investigación salieron a la luz videos grabados por vecinos en los que se observaba al pequeño buscando comida entre la basura, imágenes que se volvieron virales y alimentaron la indignación pública.
Mientras Óscar “N” continúa sujeto a proceso y permanece en prisión preventiva por el homicidio directo del menor, la responsabilidad de la madre se convirtió en uno de los puntos más debatidos del caso.
Diversos sectores cuestionaron si Berenice “N” había incumplido con su deber de proteger a su hijo frente a los abusos que sufría.
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En noviembre de 2025, un tribunal de enjuiciamiento determinó absolver a Berenice “N” del delito de homicidio por comisión por omisión. La resolución se basó en que no existían pruebas suficientes para acreditar su participación directa o una conducta que permitiera establecer responsabilidad penal bajo los términos planteados por la acusación.
La decisión generó numerosas críticas en redes sociales y entre organizaciones defensoras de la infancia, que consideraron insuficiente la respuesta institucional frente a un caso con antecedentes de violencia y negligencia evidentes.
La nueva acción judicial fue difundida por el reportero especializado en nota roja Carlos Jiménez, quien publicó una alerta de búsqueda acompañada de fotografías de la mujer. La medida surge apenas siete meses después de que abandonara el penal de Santa Martha Acatitla, donde permaneció recluida durante un año mientras enfrentaba el proceso penal.
Ahora, la emisión de una nueva orden de aprehensión reabre el debate sobre las responsabilidades legales derivadas de la muerte de Cruz y sobre los mecanismos de protección que debieron activarse para evitar el desenlace fatal.
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La trascendencia del caso alcanzó incluso el ámbito legislativo. El 15 de agosto de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al artículo 125 del Código Penal local, iniciativa conocida como “Ley Crucito”.
Al presentar el dictamen, la diputada Elizabeth Mateos Hernández destacó que la reforma surgió a partir de la necesidad de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia ejercida por integrantes de su entorno familiar.
La modificación incorporó de manera expresa los casos de homicidio cometidos contra hijastros, hijastras, hermanastros o hermanastras.
Antes de la reforma, estos delitos podían sancionarse como homicidio simple con penas de hasta ocho años de prisión. Con los cambios aprobados, las condenas pueden alcanzar hasta 30 años de cárcel y contemplan la pérdida de derechos sobre la víctima.
En casos donde exista violencia agravada, las penas pueden elevarse hasta los 50 años de prisión.
La discusión legislativa también puso sobre la mesa otros episodios recientes de violencia contra menores en el país, reforzando el llamado de autoridades y legisladores para garantizar una protección efectiva de la niñez y evitar que tragedias como la de “Crucito” vuelvan a repetirse.
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