La sucursal de ANM Motors en Mexicali fue cateada por agentes de la Fiscalía General del Estado tras denuncias por presunto fraude.
La agencia automotriz ANM Motors en Mexicali, Baja California, fue cateada apenas unos días después de otro operativo realizado en el municipio por un caso relacionado con presunto huachicol.
Ahora, la empresa quedó bajo investigación luego de que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaran un cateo en la sucursal por denuncias de presunto fraude en la venta de vehículos.
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Agentes de la FGE realizaron un operativo de cateo en las instalaciones de la agencia automotriz AN Motors, ubicada en el cruce de los bulevares Benito Juárez y López Mateos en la capital de Baja California.
Durante la intervención, las autoridades detuvieron a cinco personas que operaban dentro del establecimiento, quienes fueron escoltadas hacia las unidades de la fiscalía.
La acción judicial se ejecutó tras la acumulación de 38 denuncias formales por el delito de fraude integradas en la carpeta de investigación.
De acuerdo con los testimonios recabados, la empresa ofrecía vehículos con un valor de entre 400 mil y 600 mil pesos, bajo la promesa de entregarlos en plazos que iban de los 15 a los 40 días, plazos que no se cumplían.
De acuerdo al medio La Brujula News, uno afectado detalló que acudió al establecimiento en enero para iniciar el trámite de un automóvil modelo 2022.
Tras recibir la notificación de que su supuesto crédito estaba autorizado, entregó un anticipo de 10 mil 735 pesos. Posteriormente, realizó un segundo pago de 5 mil 600 pesos, tras lo cual el personal le aplazó la entrega.
Al cumplirse el tiempo establecido, los empleados le notificaron que el crédito no había sido autorizado, negándose a devolver el dinero y solicitándole depósitos adicionales para aumentar su historial crediticio.
Además de este caso, a principios de mayo también fueron desarticuladas 28 bandas dedicadas a la extorsión en Baja California, durante los operativos realizados por la FGE fueron detenidas 78 personas.
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AN Motors cuenta con sucursales distribuidas en la República Mexicana, localizadas en ciudades como Tijuana, Chihuahua, Torreón, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, San Francisco de Campeche, Playa del Carmen, Mazatlán, Culiacán, Monclova, Mérida, Cuernavaca y Apizaco. En varios de estos puntos se han registrado protestas ciudadanas y detenciones por parte de las corporaciones de seguridad pública.
Apizaco: Clientes de la sucursal ubicada en la Plaza Apizaco se manifestaron con carteles para exigir la devolución de su dinero debido al incumplimiento en la entrega de las unidades.
Chihuahua: Un grupo de ciudadanos se manifestó frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en esa entidad. Los inconformes señalaron haber aportado el enganche y hasta ocho mensualidades, sufriendo pérdidas superiores a los 20 mil pesos por persona.
Durante las protestas en la sucursal local, se requirió la presencia de la policía tras reportarse la agresión física a un adulto mayor y el encierro bajo llave de una usuaria en el local.
Cuernavaca: La Policía Municipal detuvo a tres empleados de la sucursal de Plaza Chapultepec, identificados como Liz "N", de 19 años, Cristian "N", de 24 años, y un tercer individuo que no aportó sus datos.
El arresto ocurrió después de que los trabajadores agredieron físicamente a los oficiales, quienes acudieron a atender el llamado de una ciudadana que reclamaba la devolución de más de 20 mil pesos entregados como anticipo y mensualidades.
Torreón: Durante la misma semana se reportaron quejas similares por esquemas de autofinanciamiento no cumplidos en esta ciudad del estado de Coahuila.
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El método para atraer a los consumidores iniciaba en redes sociales, principalmente a través de publicaciones en Facebook.
Los asesores contactaban a las personas interesadas ofreciendo planes de financiamiento con requisitos mínimos y tarifas accesibles, inferiores a las del mercado de agencias tradicionales, o mediante supuestos esquemas de localización satelital (GPS).
Una vez establecido el contacto, la empresa solicitaba un enganche inicial que rondaba los 20 mil pesos, variando según el modelo del vehículo seleccionado.
Una vez que el usuario realizaba el depósito inicial y firmaba el contrato, el personal retrasaba la entrega con el argumento de que el proceso tomaba un promedio de 30 a 45 días.
En ese período, la financiera requería el pago de la primera mensualidad o depósitos adicionales bajo el concepto de trámites administrativos complementarios.
Si el cliente detectaba las inconsistencias y solicitaba la cancelación del servicio o el reembolso del enganche, los empleados imponían trabas burocráticas mediante la solicitud de formatos que no se mencionaban originalmente.
De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, algunos clientes señalaron que empleados de la empresa los amenazaban con reportarlos al Buró de Crédito si intentaban cancelar el contrato.
Además de personas afectadas, comerciantes también han denunciado ser víctimas de este tipo de delitos; uno de los casos más recientes ocurrió en Mexicali, donde una comerciante acusó haber sido víctima de extorsión presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
