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La tensión aumentó en el puerto de El Cuyo, en Yucatán, luego de que habitantes retiraran e incendiaran una reja instalada en un acceso que, aseguran, ha sido utilizado por la comunidad durante décadas para llegar a la playa.
Los vecinos señalaron que desconocen la situación jurídica del predio donde fue colocada la estructura, por lo que solicitaron al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y a las autoridades competentes informar si existe algún proceso legal de privatización y, en su caso, presentar la documentación correspondiente.
Foto: Redes sociales.
Como parte de la protesta, colocaron letreros con la leyenda "Acceso a la playa" y advirtieron que continuarán defendiendo los espacios que consideran de uso común para evitar restricciones al paso de habitantes y visitantes.
¿Se puede impedir el acceso a una playa en México?
De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, las playas marítimas y la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) son bienes de uso común, por lo que su acceso, tránsito y disfrute deben ser libres y gratuitos.
Foto: Redes sociales.
La legislación establece que ninguna personapuede apropiarse de las playas ni impedir el acceso a ellas. Sin embargo, cuando existe controversia sobre un camino o predio que conduce al litoral, corresponde a las autoridades determinar la situación jurídica del terreno y garantizar, en su caso, el acceso público.
¿Qué hacer si te bloquean el acceso a una playa?
Si una persona considera que se está restringiendo ilegalmente el acceso a una playa, puede:
Presentar una denuncia ante el ayuntamiento correspondiente.
Reportar el caso ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autoridad encargada de la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Solicitar la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuando existan posibles violaciones a la legislación ambiental o al uso de la zona federal.
Foto: Redes sociales.
Aunque el conflicto en El Cuyo continúa, los habitantes mantienen la exigencia de que las autoridades aclaren la legalidad del cierre y determinen si el acceso puede ser restringido o debe permanecer abierto al público.