7 años, 3 laudos y 18 amparos: trabajadora denuncia que la justicia laboral no llega en Tamaulipas
Marisol Uriegas declaró como víctima ante la Fiscalía Anticorrupción y sostiene que, pese a obtener resoluciones favorables, su caso continúa sin ejecutarse.
Será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la encargada de determinar si existen elementos para acreditar responsabilidades. Foto / Redes
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Uriegas sostiene que, pese a haber obtenido resoluciones favorables en distintas instancias, las determinaciones no han logrado ejecutarse. Ante lo que considera una cadena de omisiones institucionales, afirma haber recurrido durante años a recursos legales y administrativos para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.
La trabajadora Marisol Uriegas asegura que la justicia laboral en Tamaulipas continúa sin materializarse. Foto / Redes
¿Por qué asegura que la justicia laboral sigue pendiente?
De acuerdo con la denunciante, el conflicto laboral inició hace siete años y desde entonces ha conseguido tres laudos a su favor. Sin embargo, señala que las resoluciones permanecen sin ejecutarse, situación que la llevó a promover 18 juicios de amparo para obligar a diversas autoridades a actuar.
El caso también involucra señalamientos de salud y acoso laboral
La trabajadora afirma que el desgaste del proceso trascendió el ámbito jurídico. Según su versión, cuenta con dictámenes médicos relacionados con discriminación, violencia y acoso laboral, situaciones que atribuye a hechos ocurridos después de su reinstalación en el empleo hace aproximadamente un año.
También señaló haber sido canalizada al área de Medicina del Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que considera que el conflicto ha tenido consecuencias tanto profesionales como personales.
La trabajadora Marisol Uriegas asegura que la justicia laboral en Tamaulipas continúa sin materializarse. Foto / Redes
Fiscalía deberá determinar si existieron responsabilidades
No obstante, los señalamientos de corrupción y posible protección indebida corresponden exclusivamente a la parte denunciante y deberán ser investigados por las autoridades competentes. Será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la encargada de determinar si existen elementos para acreditar responsabilidades o si las demoras obedecen únicamente al funcionamiento del sistema de justicia laboral.