Extorsión en Coahuila: Fiscalía investiga presunta red que utiliza servicios de masaje para amenazar a clientes.
Una investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) busca esclarecer el funcionamiento de una presunta red de extorsión que habría utilizado anuncios de servicios de masaje y relajación para atraer a hombres y posteriormente exigirles dinero mediante amenazas de exhibir fotografías o videos obtenidos sin su autorización.
Las indagatorias llevan varios meses, de acuerdo con información relacionada con el caso, y se originaron a partir de denuncias de personas que aseguran haber recibido mensajes intimidatorios después de acudir a servicios anunciados a través de redes sociales.
Las autoridades buscan determinar cuántas personas podrían haber sido afectadas y si existe una estructura organizada detrás de estas actividades.
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De acuerdo con los datos que forman parte de la investigación, los servicios eran promocionados principalmente mediante plataformas digitales y grupos de redes sociales. Los anuncios ofrecían masajes de relajación dirigidos a hombres y, posteriormente, se establecía contacto privado para acordar una cita.
Las reuniones supuestamente se realizaban en domicilios particulares acondicionados para ofrecer este tipo de servicios, principalmente en sectores residenciales ubicados al norte de Saltillo, incluyendo zonas como Latinoamericana, Alpes y Doctores.
Una vez establecido el contacto, las personas involucradas habrían obtenido números telefónicos de los clientes con el argumento de mantener comunicación relacionada con el servicio.
Posteriormente, según los testimonios que se investigan, algunas víctimas comenzaron a recibir mensajes acompañados de fotografías o videos que presuntamente habían sido captados durante su encuentro sin que existiera autorización para hacerlo.
El material habría sido utilizado como mecanismo de presión. Las amenazas consistirían en advertir que las imágenes serían difundidas en redes sociales o enviadas a familiares y personas cercanas de los afectados si no entregaban determinadas cantidades de dinero.
La Fiscalía deberá determinar mediante sus investigaciones si este patrón se repitió en diferentes casos y si existe una relación entre las personas señaladas.
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Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores es el incremento de las cantidades solicitadas durante el proceso de presunta extorsión.
Los primeros requerimientos económicos que se han mencionado se ubicarían entre 5 mil y 10 mil pesos. Sin embargo, las exigencias presuntamente aumentarían después de que algunas víctimas realizaran pagos con la intención de evitar que el contenido fuera divulgado.
Según los datos relacionados con las denuncias, algunos casos habrían alcanzado cantidades superiores a los 50 mil pesos, además de que las amenazas podrían haberse vuelto más frecuentes e incluso incluir advertencias de posibles agresiones físicas.
Este comportamiento es precisamente uno de los elementos que la autoridad busca analizar para establecer si se trata de casos aislados o de un esquema coordinado de extorsión.
Hasta el momento no existe una cifra oficial sobre el número total de personas afectadas. El temor a que la información personal sea difundida podría haber provocado que algunas víctimas eviten acudir ante las autoridades, situación que dificulta establecer el alcance real de la problemática.
La investigación se mantiene abierta y corresponderá al Ministerio Público reunir los elementos necesarios para determinar si existen responsabilidades penales.
Además de los anuncios publicados en internet, los investigadores analizan una segunda posible modalidad de contacto.
De acuerdo con la información relacionada con el caso, algunas de las mujeres investigadas presuntamente podrían acercarse directamente a potenciales víctimas en lugares concurridos como restaurantes, cafeterías, bares y centros comerciales.
Esta línea de investigación busca establecer si el primer contacto con algunos afectados ocurrió fuera de las plataformas digitales y posteriormente se trasladó a conversaciones privadas y citas.
La Fiscalía también analiza la procedencia de las personas que presuntamente ofrecerían estos servicios. En los testimonios recopilados se menciona a mujeres provenientes de otras ciudades, entre ellas Monterrey, Torreón, Guadalajara y Ciudad de México.
Sin embargo, estos datos forman parte de las líneas de investigación y no constituyen por sí mismos una acreditación de responsabilidad.
Ante este escenario, las autoridades buscan identificar a las posibles víctimas y conocer si existen más denuncias relacionadas con un mismo esquema.
El caso también pone de manifiesto la importancia de que quienes consideren haber sido víctimas de una extorsión con material íntimo o personal acudan ante las autoridades y conserven los mensajes, números telefónicos, fotografías, videos, comprobantes de pago y cualquier otro elemento que pueda contribuir a la investigación.
Mientras las indagatorias continúan, la FGE deberá establecer quiénes participaron, cuántas personas fueron afectadas y si las amenazas y exigencias económicas corresponden a un patrón delictivo organizado.
Hasta que concluyan las investigaciones y exista una resolución judicial, las personas señaladas deberán ser consideradas bajo el principio de presunción de inocencia.
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