La juez de control determinó que existen elementos para juzgar al director de la academia Doenitz y a la instructora por la muerte de la adolescente Dafne Zapata.
Un paso decisivo en la búsqueda de justicia para la joven Dafne Zapata se consumó en las salas del Poder Judicial de Tamaulipas.
Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jorge Luis “N” y Estrella “N”, señalados por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio.
El fallo judicial se da tras el análisis de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de Justicia, las cuales apuntan a la participación directa de ambos en los hechos ocurridos en la Academia Militarizada de Marina Doenitz.
La resolución marca el inicio formal del proceso penal que busca esclarecer la muerte de la estudiante de 13 años.
Centro Integral de Justicia de Altamira. FOTO | Carlos García
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Jorge Luis “N”, quien se desempeñaba como director general del establecimiento, y Estrella “N”, identificada como sargento e instructora del campamento, enfrentan cargos por feminicidio.
La representación social argumentó que ambos incurrieron en omisiones graves y conductas punibles que derivaron en la pérdida de la vida de la menor.
Durante la audiencia de vinculación, el juzgador determinó que existen los datos de prueba suficientes para sostener la causa penal.
Las acusaciones se sustentan en los dictámenes periciales que confirmaron que la causa determinante de la muerte de la víctima fue asfixia por sumersión, sumada a múltiples lesiones físicas.
Academia militarizada de marina Doenitz. FOTO | Carlos García
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Atendiendo a la gravedad del delito imputado y para evitar el riesgo de fuga o la obstaculización del proceso, el juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Debido a esto, ambos imputados deberán permanecer recluidos durante el tiempo que transcurra el desarrollo de la investigación complementaria.
Los procesados continuarán privados de su libertad dentro del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira.
La autoridad judicial fijó además un plazo de varios meses para el cierre de las investigaciones, periodo en el que la Fiscalía y la defensa deberán recabar y presentar los elementos definitivos.
FOTO | Magnific
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La resolución judicial llega luego de intensas jornadas de trabajo que se vieron marcadas por la controversia respecto al formato de las audiencias.
Los imputados comparecieron ante el juzgador mediante un enlace virtual vía Zoom desde el interior del centro penitenciario para garantizar las condiciones de seguridad requeridas.
Mientras el acto procesal se realizaba en las pantallas de la sala, las inmediaciones del Centro Integral de Justicia de Altamira permanecieron resguardadas por la Guardia Estatal.
Pese al hermetismo y al despliegue de las fuerzas del orden, las autoridades judiciales concluyeron que el proceso debía avanzar a la siguiente etapa probatoria.
FOTO | Carlos García
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El expediente integrado por las autoridades estatales expone que la adolescente acudió al curso de verano ofertado por la academia militarizada privada bajo promesas de disciplina y formación integral. Sin embargo, en el desarrollo del campamento, la víctima fue sometida a prácticas extenuantes y adiestramientos de alto riesgo que comprometieron su integridad.
Las indagatorias revelaron que se incurrió en una flagrante falta de protocolos de protección civil, primeros auxilios y cuidado médico oportuno dentro de la propiedad. Dichas omisiones por parte del personal de mando derivaron en la tragedia que cobró la vida de Dafne y desató la indignación de la comunidad en Tamaulipas.
Dafne Zapata horas antes de su muerte. FOTO | Carlos García
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Familiares de la víctima y colectivos feministas de la región sur del estado recibieron la vinculación a proceso como una luz de esperanza en su exigencia de justicia. No obstante, recalcaron que la batalla legal apenas comienza y que no descansarán hasta obtener una sentencia condenatoria ejemplar para los imputados.
Asimismo, la sociedad civil mantiene la presión sobre las autoridades para que el caso siente un precedente en la entidad. La meta de las organizaciones es lograr la prohibición absoluta de los campamentos militares privados para menores de edad, asegurando que ninguna otra familia tamaulipeca vuelva a pasar por una pérdida similar.
