El fundador de la institución en Ciudad Madero enfrentará a la justicia por no garantizar la seguridad a Dafne Zapata.
El proceso judicial por la tragedia que cobró la vida de la adolescente Dafne Zapata alcanzó un punto de inflexión decisivo en los tribunales de Tamaulipas.
Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jorge Luis “N”, fundador y director general de la Academia Militarizada de Marina Doenitz de Ciudad Madero.
A diferencia de las otras dos implicadas y señaladas como ejecutoras materiales de las agresiones, la representación social imputó formalmente al directivo por su responsabilidad bajo la modalidad de omisión.
Esta determinación judicial establece que el responsable del plantel incumplió de manera grave con sus deberes de cuidado hacia la menor originaria de Ciudad Mante.
En el derecho penal, la omisión ocurre cuando un individuo que ostenta un deber jurídico de protección denominado en la ley como "posición de garante" se abstiene de actuar para evitar un resultado lesivo que tenía la obligación y la capacidad de impedir.
En estos casos, la ley equipara el "no actuar" con la producción activa del delito mismo.
En el contexto de un feminicidio o homicidio, la "comisión por omisión" implica que la persona a cargo de la custodia de la víctima ignoró los riesgos evidentes y no implementó los protocolos de seguridad requeridos.
Para la Fiscalía, la inacción deliberada del director ante los abusos físicos dentro de su plantel lo sitúa en una posición de responsabilidad penal directa sobre el trágico desenlace.
Jorge Luis “N” se presentaba públicamente como el fundador y máximo responsable operativo de la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Ciudad Madero.
Durante años, ofertó cursos de verano y planes de estudio privados bajo la promesa de inculcar disciplina, orden y valores de corte naval a niños y adolescentes de la región.
Sin embargo, las investigaciones han puesto al descubierto que el directivo operaba el establecimiento sin las certificaciones ni la regulación oficial exigida por las autoridades educativas y de protección civil.
A pesar de conocer las dinámicas internas de castigos corporales que ejercía su personal de instrucción, el fundador permitió que las actividades continuaran sin supervisión.
La víctima, Dafne Zapata, una estudiante de solo 13 años procedente de Ciudad Mante, ingresó al campamento de verano con la ilusión de recibir adiestramiento formativo.
La Fiscalía argumentó que Jorge Luis “N”, en su calidad de director, omitió intervenir para frenar el maltrato físico, careció de personal médico capacitado y no brindó auxilio oportuno cuando la menor colapsó.
La autopsia determinó que la causa final de muerte fue asfixia por sumersión, derivada del estado de vulnerabilidad en el que fue dejada la estudiante.
Considerando la gravedad de los hechos y la vulneración de los derechos de la niñez, el juez de control determinó ratificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Jorge Luis “N”.
Debido a esta resolución, el imputado deberá permanecer recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira mientras se desarrolla el juicio.
Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa legal aportarán los peritajes definitivos.
Las autoridades buscan determinar si existen más omisiones administrativas o penales atribuibles a la directiva del establecimiento castrense.
La vinculación por omisión del fundador de la academia marca un antecedente jurídico fundamental en Tamaulipas al responsabilizar directamente a las autoridades escolares por lo que sucede dentro de sus aulas y campamentos.
La resolución demuestra que los directivos no pueden escudarse en el desconocimiento o la delegación de mando cuando se vulnera la vida de los alumnos.
Para la familia de Dafne Zapata y sociedad en general que se ha mantenido a la expectativa del caso, este fallo representa un paso crucial en la búsqueda de una justicia integral.
La exigencia social se mantiene firme para que el caso derive en la clausura definitiva de estos espacios y en sanciones severas para quienes lucren con la integridad de los menores bajo la fachada de la disciplina.
