Diputados de Morena y PT aprobaron exhorto para que la FGR indague al exgobernador por presunto lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y otros delitos federales.
Con 27 votos a favor y cinco en contra, el Congreso del Estado aprobó un exhorto para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue al exmandatario y a sus colaboradores por presuntos delitos federales relacionados con su administración.
La propuesta, presentada por el diputado Humberto Prieto en representación de las bancadas de Morena y el PT, busca que la autoridad federal profundice en denuncias por posibles delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, encubrimiento de delitos fiscales, uso indebido de facultades, extorsión y presunto contrabando de hidrocarburos.
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Durante la exposición, los legisladores señalaron que estas investigaciones son necesarias para esclarecer lo ocurrido durante la creación y operación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Tamaulipas (SATE) en 2020, instancia que —de acuerdo con el planteamiento legislativo— habría duplicado facultades federales, carecido de sustento legal y operado fuera del marco jurídico.
Según el documento aprobado, la formación del SATE habría permitido operativos presuntamente irregulares en materia de comercio exterior, particularmente revisiones y aseguramientos de combustible y mercancías que, desde la perspectiva de los diputados, “invadieron facultades federales y violaron la Ley de Coordinación Fiscal”.
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Un ejemplo citado por el legislador fue el aseguramiento de 15 pipas y ocho tractocamiones con 44 mil litros de combustible entre el 15 y el 18 de noviembre de 2020, esto bajo sospecha de contrabando y supuestamente sin el sustento legal adecuado. Estas acciones, dijeron, afectaron a empresas, operadores y ciudadanos.
El acuerdo aprobado entrará en vigor de inmediato y será remitido a la FGR para su revisión y posible apertura de carpeta de investigación. Con ello, el Congreso busca que la autoridad federal determine si existen elementos suficientes para llevar al exgobernador a proceso penal por los hechos mencionados.
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Este movimiento se suma al contexto judicial que rodea a Cabeza de Vaca, quien también está sujeto a una resolución pendiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país analiza si debe reactivarse una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, caso que mantiene alto interés mediático y político.
Para las mayorías legislativas en Tamaulipas, este exhorto es un avance hacia la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio público. Para la oposición, sin embargo, podría tratarse de una acción con tintes políticos.
Mientras tanto, en las calles y en conversaciones cotidianas, el sentir es mixto: hay quienes ven en esta medida una oportunidad para esclarecer hechos del pasado y quienes prefieren esperar a que las instituciones competentes determinen responsabilidades con pruebas claras y procesos justos.
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Lo cierto es que este capítulo vuelve a colocar a Tamaulipas en la escena nacional, en un momento donde la ciudadanía exige claridad, legalidad y justicia. Ahora, la atención se centra en la FGR y en la Suprema Corte, instancias que tendrán en sus manos las decisiones que definirán el rumbo judicial del exmandatario y sus excolaboradores.
