Mario “G” enfrenta acusaciones de peculado y ejercicio ilícito del servicio público por un presunto convenio irregular con una aseguradora.
El juicio contra Mario “G”, exsecretario de Educación en Tamaulipas durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, continúa avanzando con la incorporación de nuevos testimonios clave. El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario llamó a declarar a tres personas más, entre ellas a la exsecretaria Lucía Aimé “C”, con el objetivo de robustecer el proceso.
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El exfuncionario es señalado por peculado y ejercicio ilícito del servicio público en un caso que involucra más de 8 millones de pesos.
El pasado 2 de septiembre, Mario “G” se presentó ante el Tribunal tras haberse ausentado en la cita anterior del 26 de agosto por problemas de salud, según reportó su defensa. La audiencia comenzó a las 12:30 horas y se prolongó por más de hora y media con la comparecencia de dos testigos: un policía investigador de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y un auditor de Anticorrupción.
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Ambos aportaron información técnica sobre las investigaciones y las posibles irregularidades administrativas. Sin embargo, el Ministerio Público insistió en la necesidad de escuchar a más personas cercanas al caso.
El Tribunal aceptó la petición del Ministerio Público y ordenó llamar a tres testigos adicionales. Se trata de Lucía Aimé “C”, quien asumió la titularidad de la Secretaría de Educación al inicio de la actual administración de Américo Villarreal Anaya, además de Gerardo “R” y Carlos “L”, trabajadores de la dependencia.
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Su testimonio podría resultar relevante para aclarar cómo se manejaron los recursos y qué mecanismos de supervisión existían en la dependencia durante el periodo investigado. La nueva audiencia quedó programada para el viernes 5 de septiembre a las 14:30 horas.
La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas sostiene que Mario “G”, en su calidad de subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación, firmó un convenio con la aseguradora Metlife México S.A. de C.V. sin contar con facultades para ello.
Según la imputación, entre el 15 de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2022, se realizaron depósitos y transferencias por parte de la aseguradora a una cuenta de la Secretaría de Educación en Banco Santander, en lugar de ser canalizados a la Secretaría de Finanzas, lo que habría derivado en un presunto peculado por 8.2 millones de pesos.
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El proceso contra Mario “G” mantiene la atención pública, no solo por la magnitud del monto señalado, sino también porque pone bajo la lupa el manejo de los recursos en áreas tan sensibles como la educación.
