Autoridades estadounidenses señalan lavado de dinero, narcotráfico y uso de casinos como centros operativos del crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sancionó recientemente a dos casinos en Tamaulipas por presuntos vínculos con el grupo delictivo de la zona, una organización considerada incluso como grupo terrorista por ese país. Entre los establecimientos señalados se encuentran el Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y el Casino Diamante, en Tampico.
Casinos de Tamaulipas. Foto / Redes
Las investigaciones del Tesoro revelan que estos espacios no solo funcionaban como lugares de juego. Según las autoridades estadounidenses, los casinos formaban parte de una estructura criminal mucho más amplia.
Entre las principales irregularidades detectadas destaca el lavado de dinero, utilizando las operaciones de apuestas para introducir recursos ilícitos al sistema financiero formal. Es decir, ganancias provenientes del narcotráfico eran “legalizadas” a través de fichas, apuestas y supuestos premios.
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Pero no fue lo único. También se identificó que estos establecimientos estaban ligados a redes de tráfico de drogas, especialmente fentanilo y cocaína, lo que convierte el caso en un tema de seguridad binacional.
Casinos de Tamaulipas. Foto / Redes
Uno de los hallazgos más delicados es que, según el Tesoro, el Casino Centenario habría sido utilizado como almacén de droga y centro logístico del cártel, además de servir como punto para el manejo de efectivo ilícito.
Las acusaciones van aún más allá: se señala que en áreas internas del casino se realizaban actos de intimidación e incluso violencia contra presuntos rivales, lo que revela un uso completamente ajeno a su función comercial.
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Además, las autoridades detectaron vínculos con tráfico de personas y extorsión, ampliando el espectro de delitos asociados a estas operaciones.
Casinos de Tamaulipas. Foto / Redes
El Tesoro también sancionó a tres personas clave señaladas como operadores financieros y logísticos del grupo delictivo de la zona. Entre ellos, un presunto coordinador de tráfico de personas, un abogado vinculado a líderes criminales y un activista acusado de colaborar en campañas de desinformación.
Las sanciones implican el congelamiento de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar operaciones con ciudadanos o empresas estadounidenses, lo que en la práctica los aísla del sistema financiero internacional.
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Para muchas familias en Tamaulipas, estas revelaciones no son solo cifras o informes. Son parte de una realidad compleja donde la violencia, el dinero y el poder se entrelazan en espacios cotidianos.
Hoy, lo que parecía un sitio de entretenimiento queda expuesto como una posible pieza dentro de una red criminal transnacional. Y la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿cuántos otros negocios podrían estar operando bajo la misma sombra?
