Jorge Luis “N” y Estrella “N” comparecieron desde el penal, por cuestiones de seguridad
Bajo una hermética cortina de seguridad y en medio de un despliegue operativo sin precedentes, el Centro Integral de Justicia de Altamira se convirtió en un bastión inalcanzable durante la audiencia de imputación contra Jorge Luis “N” y Estrella “N”.
Sin embargo, a pesar del ostentoso bloqueo policial en la sede judicial, los dos señalados ni siquiera estuvieron presentes físicamente en la sala de juicios.
Ambos acusados comparecieron a través de una videoconferencia por la plataforma Zoom desde las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira.
Esta situación puso en evidencia la contradicción del desmedido cerco a las afueras del recinto judicial, donde se restringió el acceso a la prensa y a la ciudadanía bajo el pretexto de garantizar un orden que se gestionaba vía remota.
Las autoridades del Poder Judicial de Tamaulipas determinaron que la comparecencia de los imputados por el feminicidio de la menor Dafne Zapata se llevara a cabo de manera virtual desde el interior del centro penitenciario.
La medida se tomó con el argumento oficial de prevenir traslados de alto riesgo y evitar posibles enfrentamientos o altercados en las inmediaciones de los juzgados del sector La Pedrera en Altamira.
Desde las celdas del CEDES de Altamira, Jorge Luis “N”, exdirector de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, y Estrella “N”, señalada como colaboradora operativa, siguieron las intervenciones de los fiscales y la defensa.
La señal remota permitió entablar el diálogo procesal sin la necesidad de movilizar a los detenidos a través de las calles de la zona conurbada.
Mientras la diligencia transcurría en las pantallas de la sala, en el exterior de la sede judicial se desplegó un riguroso operativo a cargo de elementos de la Guardia Estatal.
Con patrullas y efectivos bloquearon de manera total los accesos principales al inmueble, impidiendo el paso a cualquier persona ajena al personal administrativo y judicial.
El cerco policiaco impidió el libre tránsito no solo de reporteros, camarógrafos y fotógrafos, sino de ciudadanos que buscaban realizar trámites en las dependencias aledañas.
La presencia desmedida de las fuerzas de seguridad proyectó un ambiente de hermetismo e intimidación que contrastó radicalmente con el carácter público que debe imperar en las audiencias penales.
La falta de protocolos de atención para los medios de comunicación obligó a decenas de reporteros a permanecer en la vía pública durante horas.
Sin un espacio asignado ni acceso a sombra o sanitarios, los informadores tuvieron que resguardarse en los pequeños espacios de sombra proyectados por bardas, árboles distantes y postes de energía eléctrica para intentar mitigar el impacto ambiental.
A la negativa de informes oficiales en tiempo real se sumaron las adversas condiciones climáticas de la región sur de Tamaulipas, los trabajadores de la prensa enfrentaron el sol abrasador y las temperaturas extremas que superaron los 35 grados centígrados, convirtiendo la jornada de cobertura en un duro ejercicio de resistencia física ante la indiferencia de las autoridades judiciales.
El feminicidio de la niña Dafne Zapata dentro de un campamento de la escuela militarizada Doenitz ha causado una profunda indignación social en Tamaulipas y en todo el país.
La exigencia ciudadana demanda transparencia absoluta y justicia pronta para castigar a quienes resulten responsables de la muerte por asfixia por sumersión que segó la vida de la estudiante de 13 años.
Ante esta sensibilidad social, la decisión de recurrir a audiencias virtuales combinada con el aislamiento total de la prensa manda un mensaje negativo a la comunidad.
Colectivos y especialistas critican que el hermetismo judicial promueve la especulación y contraviene el principio constitucional de máxima publicidad, el cual busca asegurar que la justicia se imparta de manera imparcial y a la vista de todos.
Familiares de la víctima y defensores de derechos humanos exigen que el proceso legal no se convierta en una serie de maniobras a puerta cerrada para proteger a las autoridades del plantel.
Demandan que el juez de control valore con rigor el cúmulo de pruebas presentadas por la Fiscalía estatal para vincular formalmente a proceso a los imputados y mantener la medida de prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, la ciudadanía hace un llamado enérgico para que los siguientes actos procesales se abran a la fiscalización pública y periodística.
Las organizaciones sociales advierten que mantendrán una vigilancia permanente sobre cada etapa del juicio, exigiendo que los recursos policiales se utilicen para encarcelar a los culpables y no para ocultar el desarrollo de las audiencias a la sociedad.
