La SCJN discutirá un proyecto que plantea eliminar la criminalización del aborto en Tamaulipas y obligar a garantizar servicios de salud.
El próximo 16 de abril de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de sentencia que podría modificar profundamente el marco legal sobre el aborto en Tamaulipas.
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Se trata de un amparo promovido por mujeres y personas con capacidad de gestar contra normas que actualmente criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo en la entidad.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el reconocimiento del llamado “interés legítimo”. Foto / Freepik
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el reconocimiento del llamado “interés legítimo”. La propuesta del ministro ponente plantea que no es necesario estar embarazada para cuestionar leyes que penalizan el aborto. Es decir, el simple hecho de ser mujer o persona con capacidad de gestar bastaría para tener derecho a impugnar estas normas.
Este criterio podría abrir la puerta a más casos similares en todo el país, facilitando el acceso a la justicia en temas de derechos reproductivos. Además, rompe con la idea tradicional de que solo quien vive una afectación directa e inmediata puede acudir a tribunales.
En el fondo, se trata de reconocer que estas leyes impactan la vida cotidiana, las decisiones personales y la libertad de miles de mujeres, incluso sin un embarazo en curso.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el reconocimiento del llamado “interés legítimo”. Foto / Freepik
El proyecto de sentencia propone analizar disposiciones tanto del Código Penal como de la Constitución de Tamaulipas que establecen sanciones para el aborto y protegen la vida “desde la fecundación”.
Según el documento, estas normas podrían vulnerar derechos fundamentales como la autonomía reproductiva, el derecho a la salud, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.
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Además, se advierte que la criminalización del aborto no solo tiene efectos legales, sino también sociales, al reforzar estigmas y generar barreras para que las mujeres accedan a servicios médicos seguros.
En caso de que el proyecto sea aprobado, estas disposiciones serían declaradas inconstitucionales, lo que obligaría a replantear el marco jurídico estatal.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el reconocimiento del llamado “interés legítimo”. Foto / Freepik
Otro aspecto clave del proyecto es que no solo se centra en eliminar sanciones, sino también en las responsabilidades del Estado. La Corte plantea que existe una omisión por parte de las autoridades de Tamaulipas al no garantizar servicios adecuados para la interrupción del embarazo.
Esto significaría que, de aprobarse el fallo, el gobierno estatal y el sistema de salud tendrían que implementar, organizar y difundir servicios para el acceso al aborto seguro, siguiendo criterios ya establecidos a nivel nacional.
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El posible fallo llega en un contexto donde más de la mitad de los estados del país ya han avanzado en la despenalización del aborto, generalmente hasta las 12 semanas de gestación. Tamaulipas, hasta ahora, se mantiene dentro del grupo de entidades con legislaciones más restrictivas.
Más allá del debate jurídico, lo que está en juego es la vida cotidiana de miles de mujeres. Decisiones íntimas, acceso a servicios de salud y el derecho a elegir podrían depender de lo que ocurra en esa sesión de la Corte.
