Publicado el
En México, el cine ya no se ve como antes… y la ley tampoco podía quedarse igual.
Esta semana, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cinematografía, una legislación que busca sustituir a la de 1992, claramente rebasada por el tiempo, la tecnología y las nuevas formas de consumo. Porque sí, para quienes crecimos en los ochenta y noventa, el cine era una sala, una pantalla y una cartelera fija. Hoy, el cine vive en plataformas, algoritmos y pantallas personales.
La nueva ley parte de una premisa clara: modernizar el marco legal para abarcar toda la cadena audiovisual, desde la producción hasta la preservación, entendiendo al cine no solo como cultura, sino como una industria estratégica para el país.
Pero más allá del cine, esta discusión abre una puerta mucho más grande: la necesidad urgente de modernizar la legislación mexicana en su conjunto.
Algo fundamental en este proceso es abrir paso a verdaderos parlamentos abiertos, donde la construcción de leyes no solo responda a inercias políticas, sino a las realidades del mercado global, digital y electrónico. Así como el cine evolucionó, nuestras leyes también deben hacerlo.
Hoy, México enfrenta un fenómeno contradictorio: por un lado, una sobrelegislación, con una gran cantidad de iniciativas y reformas que muchas veces resultan intrascendentes o pasan desapercibidas; y por otro, un rezago evidente en leyes clave que siguen ancladas en otra época. Ese es el verdadero reto: no necesariamente hacer más leyes… sino hacer mejores leyes y actulizar las leyes existentes.
Volviendo al cine, uno de los puntos más relevantes —y polémicos— es la implementación de cuotas mínimas de contenido nacional. La ley establece que al menos el 10% de la oferta en salas de cine y plataformas digitales deberá ser cine mexicano. Una medida que, en teoría, busca corregir la baja visibilidad de nuestras producciones frente a la avalancha de contenidos extranjeros.
Aunque, como suele suceder en México, el debate ya está sobre la mesa: ¿es una política cultural necesaria o el inicio de un sistema de cuotas?
Además, la legislación reconoce el acceso al cine como un derecho cultural, promoviendo la diversidad, la libertad de expresión y el fortalecimiento de una identidad audiovisual propia.
En el terreno económico, se introducen incentivos fiscales de hasta el 30% para la producción audiovisual en México, consolidando mecanismos como el FOCINE y posicionando al sector como un motor de inversión, empleo y desarrollo.
Pero quizá uno de los cambios más relevantes está en el entorno digital. Por primera vez, las plataformas de streaming entran en la regulación, obligándolas a dar visibilidad al contenido nacional en sus catálogos, secciones e incluso en sus algoritmos. Es decir, no solo se trata de que exista cine mexicano… sino de que lo veamos.
En paralelo, la ley avanza en la protección laboral y tecnológica, reconociendo derechos de actores, particularmente en el doblaje, y regulando el uso de inteligencia artificial en voces, exigiendo consentimiento y remuneración.
También se refuerza la obligación del Estado de preservar el patrimonio audiovisual, apostando por la restauración, conservación y difusión de la memoria cinematográfica del país.
El mensaje de fondo es claro: el cine ya no es solo entretenimiento, es cultura, economía, tecnología… y también es un espejo de cómo legisla un país.
Si esta nueva ley logra algo más que regular pantallas, podría convertirse en un precedente: demostrar que México sí puede actualizar sus reglas frente a un mundo que cambia todos los días.
Porque el verdadero desafío no está solo en qué vemos…
sino en qué tan rápido somos capaces de entender el mundo que ya estamos viviendo.
