Víctor Alejo comparte a POSTA su opinión sobre la prevención en la compra de inmuebles y no caer en fraude.
Los asuntos que se resuelven en los tribunales federales no son simples expedientes. Detrás de cada caso hay hechos concretos y personas reales: familias que invierten sus ahorros, proyectos de vida que buscan consolidarse y patrimonios construidos con años de esfuerzo.
En fechas recientes, en nuestro tribunal hemos conocido diversos casos relacionados con una problemática particularmente dañina para la sociedad: el delito de fraude en su modalidad de personas que se ostentan como autorizadas para vender bienes inmuebles cuando en realidad no cuentan con facultades para hacerlo.
El esquema suele repetirse. Personas se presentan como representantes de una empresa supuestamente autorizada para comercializar inmuebles dentro de un fraccionamiento. Utilizan anuncios publicitarios que aparentan formalidad y legalidad.
Las víctimas, movidas por la legítima aspiración de adquirir una vivienda, acuden al lugar señalado, reciben instrucciones, realizan depósitos —incluso ante notario— y siguen procedimientos que se les presentan como auténticos, pero que forman parte de una simulación cuidadosamente estructurada.
Convencidas de estar realizando una operación válida, entregan su dinero. En ese momento se consuma el fraude: quien se ostentó falsamente como vendedor obtiene un lucro indebido, y el daño patrimonial ya es una realidad.
En algunos de estos procesos, las personas imputadas han intentado defenderse argumentando que no existe una prueba directa o contundente del ofrecimiento del inmueble. Sin embargo, los tribunales han sostenido que la responsabilidad no puede analizarse de manera aislada o fragmentada.
Es indispensable valorar el contexto integral acreditado en autos: las circunstancias que rodearon la oferta, la publicidad difundida, las gestiones realizadas y, sobre todo, la entrega del dinero motivada por un ofrecimiento concreto.
Cuando ese contexto demuestra que existió engaño y un beneficio indebido en perjuicio de otro, el delito se actualiza. No puede exonerarse a quien construye una apariencia de legalidad para apropiarse del patrimonio ajeno. Por el contrario, frente a este tipo de conductas, el Estado debe actuar con firmeza.
Más allá del ámbito jurisdiccional, esta problemática nos obliga a reflexionar sobre la prevención. La compra de un inmueble es, para muchas personas, la inversión más importante de su vida.
Por ello, antes de entregar cualquier cantidad de dinero, es indispensable verificar que quien ofrece la propiedad cuente con autorización legítima para vender. Revisar documentación, corroborar información ante autoridades competentes y actuar con cautela no es desconfianza: es prudencia jurídica.
Evitar caer en este tipo de engaños es una responsabilidad compartida. Y si, lamentablemente, el fraude llega a consumarse, es fundamental acudir a las autoridades y a los tribunales para que el daño sea reparado conforme a derecho.
El sueño de una casa propia no debe convertirse en la historia de un fraude impune.
