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Nuevo León

Waldo Fernández pide investigar presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9

El senador Waldo Fernández exige justicia ante el fraude inmobiliario de Proyectos 9 que afecta el acceso a la vivienda.

El senador enfatizó que el acceso a la vivienda es uno de los principales retos en México y un derecho fundamental para las familias. Foto: Cortesía.
El senador enfatizó que el acceso a la vivienda es uno de los principales retos en México y un derecho fundamental para las familias. Foto: Cortesía.

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El senador Waldo Fernández lanzó un exhorto firme a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para que acelere la investigación sobre el presunto fraude inmobiliario relacionado con la empresa “Proyectos 9”, un caso que podría afectar a más de 2 mil personas en la entidad. 

Desde la máxima tribuna del país, el legislador advirtió que no se trata solo de pérdidas económicas, sino de un golpe directo al derecho de acceso a la vivienda.

¿Qué motivó el exhorto del senador?

El Punto de Acuerdo presentado busca que las autoridades actúen con rapidez ante las denuncias acumuladas contra la firma inmobiliaria.

  • Se exige una investigación pronta, exhaustiva y transparente.
  • Se busca determinar el destino de los recursos entregados por los inversionistas.

Fernández subrayó que este llamado no es una simple recomendación, sino una exigencia de justicia para quienes confiaron en proyectos que prometían alta plusvalía y modernidad.

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¿Cuáles son los proyectos señalados?

Entre los desarrollos involucrados en el presunto fraude destacan varios complejos inmobiliarios promocionados en Monterrey:

  • Sohl, LoLa y LaLo.
  • Torres Amarillo Moca, Verde Moca y Azul Moca.

Estos proyectos fueron comercializados bajo esquemas atractivos que generaron confianza entre los compradores, quienes esperaban recibir departamentos o locales comerciales en plazos ya vencidos desde 2023.

¿Cómo operaba el esquema de inversión?

De acuerdo con información pública, “Proyectos 9” utilizó un modelo denominado “capital semilla”, mediante el cual los inversionistas aportaban recursos con la promesa de recibir propiedades a futuro.

  • Las aportaciones iban desde 400 mil hasta 15 millones de pesos.
  • Se ofrecía participación en desarrollos verticales con rendimientos atractivos.
  • Este mecanismo, según denuncias, habría derivado en incumplimientos masivos, dejando a cientos de familias sin patrimonio ni certeza jurídica.
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¿Cuál es el impacto social del caso?

El senador enfatizó que el acceso a la vivienda es uno de los principales retos en México y un derecho fundamental para las familias.

  • Miles de personas habrían visto truncado su proyecto de vida.
  • El caso podría convertirse en uno de los mayores fraudes inmobiliarios en Nuevo León.

Fernández recordó que adquirir una vivienda representa años de esfuerzo, ahorro y sacrificio, por lo que urgió a las autoridades a garantizar justicia y evitar que este tipo de esquemas se repitan. La resolución del caso será clave para restablecer la confianza en el sector inmobiliario y proteger el patrimonio de los ciudadanos.

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