Alcalde Adrián de la Garza asegura que el Gobierno de Monterrey respetará el proceso penal de Karina "N", quien enfrenta prisión preventiva.
El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que el Gobierno municipal será respetuoso del proceso penal que enfrenta la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina “N” , quien fue detenida por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández.
La declaración del edil se dio luego de que un juez federal dictara prisión preventiva contra la funcionaria y otros dos imputados, señalados por su presunta participación en un montaje y la fabricación de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
Cuestionado por medios de comunicación, el alcalde subrayó que su administración mantendrá una postura institucional y prudente ante el proceso judicial en curso.
Indicó que, al tratarse de un asunto que se encuentra en la esfera penal, corresponde a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones y emitir las resoluciones correspondientes.
De la Garza evitó pronunciarse sobre un respaldo directo a la funcionaria municipal , al reiterar que se debe esperar la determinación judicial dentro de los plazos legales establecidos.
Señaló que el próximo sábado se cumplirán tiempos procesales relevantes para definir la situación jurídica de los imputados.
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La audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal derivó en la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, al considerar el juez que existen riesgos procesales que justifican el internamiento de los acusados mientras se desarrolla la investigación complementaria.
Karina “N” fue imputada por delitos como falsedad en declaraciones, así como presuntos actos relacionados con cohecho y extorsión.
Junto a ella, también fueron vinculados a la medida cautelar una mujer presuntamente utilizada para presentar la denuncia original y un abogado señalado por posible participación en los hechos.
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La defensa solicitó que la situación jurídica de los imputados se resuelva dentro del plazo constitucional de 144 horas, por lo que se programó una nueva audiencia en los próximos días.
En ella, el juez determinará si son vinculados a proceso y bajo qué condiciones continuará el caso.
Mientras tanto, el Gobierno de Monterrey mantiene una postura de cautela y respeto al debido proceso, en espera de que las autoridades federales definan el rumbo jurídico de la funcionaria.
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