Los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido Rocha Moya, son señalados por EU de tener nexos con "Los Chapitos"
Este lunes 18 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, luego de recibir acusaciones en Estados Unidos.
Los 10 ciudadanos mexicanos fueron señalados formalmente a finales de abril por la Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, acusados de cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego debido a sus presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
El caso dio un nuevo giro en las últimas horas tras darse a conocer que, el pasado 15 de mayo, dos de los involucrados, el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregaron a las autoridades estadounidenses.
A través de un comunicado de prensa, el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destacó que el bloqueo es de “carácter estrictamente preventivo”, luego de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Su adición a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como explicaron, se derivó de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses, los cuales fueron difundidos públicamente, hecho llevó a que se emitieran alertamientos en contra de los 10 funcionarios y exfuncionarios, quienes fuero considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
Tras estos reportes emitidos por las instituciones financieras, llamados LPB 24 Horas, la UIF decidió realizar la inmovilización preventiva, a fin de “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
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Pese a esto, la UIF especificó que estas medidas no implican una determinación definitiva ni constituyen la acreditación de responsabilidad alguna en los delitos por los que se les señala, “sino acciones preventivas de carácter administrativo”.
En tanto, destacó que las 10 personas señaladas tienen la posibilidad de presentar recursos legales, como juicios de amparo, a fin de revertir la medida en cuanto sean analizados sus casos, en lo que la institución define como el ejercicio de la Garantía de Audiencia.
Los 10 funcionarios y exfuncionarios fueron incluidos a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF. Foto: Canva
“La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema finaciero mexicano”, subrayaron.
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Cabe recordar que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar de la UIF que agrupa a personas físicas y morales cuyos activos financieros quedan congelados.
Su inclusión suele estar relacionada con su presunta participación en actos u operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La UIF destacó que el congelamiento no es definitivo. Foto: Canva
Asimismo, la incorporación en esta lista responde a compromisos internacionales asumidos por México ante autoridades y organismos extranjeros, tales como el GAFI o el Consejo de Seguridad de la ONU.
La denuncia por delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, fue presentada contra 10 ciudadanos mexicanos, quienes son:
Aparte de estas imputaciones, Juan Valenzuela Millán es acusado de delitos relacionados con su participación en los secuestros de un informante de la DEA y de un familiar de este, los cuales provocaron la muerte de ambos.
De acuerdo con los documentos judiciales, estos funcionarios y exfuncionarios mexicanos son acusados de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa. En el expediente se afirma que “cada uno” de ellos “ha participado en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”.
Como se relata, estos funcionarios han desempeñado diversas “funciones esenciales” en la mencionada organización criminal, tales como proteger a líderes del cártel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos.
Asimismo, facilitar información sensible de las fuerzas del orden y del Ejército mexicano a miembros del cartel y a narcotraficantes aliados para ayudar en sus actividades delictivas.
Igualmente, ordenar a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos.
También, permitir que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con la droga sin sufrir consecuencias. “A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cártel”, se acusó.
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