El máximo tribunal constitucional enfatizó que el incremento es debido al pago de sueldas y obligaciones laborales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió su propuesta de presupuesto para 2027, luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama cuestionara públicamente el incremento y señalara que el Pleno estaría dando marcha atrás en algunas medidas de austeridad.
El máximo tribunal aprobó un anteproyecto por 6 mil 104.5 millones de pesos, cantidad que representa un aumento real de 12.7 por ciento frente a los recursos asignados para 2026.
La propuesta fue avalada por el Pleno el pasado 6 de agosto y posteriormente enviada al Órgano de Administración Judicial (OAJ), como parte del proceso para determinar los recursos que tendrá la Corte durante el próximo ejercicio fiscal.
La Corte explicó que el incremento está relacionado principalmente con el impacto de la inflación, así como con obligaciones legales en materia de salarios y prestaciones.
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De acuerdo con la institución, aproximadamente ocho de cada 10 pesos solicitados serán destinados al pago de remuneraciones y prestaciones establecidas en la legislación y en las Condiciones Generales de Trabajo.
La SCJN sostuvo que los salarios contemplados cumplen con los artículos 94 y 127 de la Constitución y aseguró que ninguna remuneración excederá la establecida para la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos correspondiente.
El resto de los recursos estaría destinado a proyectos de modernización, innovación institucional y mantenimiento de instalaciones. También se contempla la renovación gradual del equipo tecnológico de Plural TV, el canal de televisión de la Corte, cuyos equipos tienen más de dos décadas de antigüedad.
La SCJN señaló que durante los dos ejercicios fiscales anteriores enfrentó reducciones respecto a los montos que originalmente había solicitado.
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Para 2025, el presupuesto sufrió un recorte de 12 por ciento, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que en 2026 la reducción fue de 11.2 por ciento, unos 661 millones de pesos.
La institución también destacó que durante este año eliminó diversas prestaciones y apoyos para ministras, ministros y altos mandos, además de disminuir gastos relacionados con telefonía móvil y gasolina.
Asimismo, reportó la eliminación de 83 plazas administrativas, equivalente a 10 por ciento de la plantilla de esas áreas, y la cancelación de recursos destinados a becas para trabajadores.
El anteproyecto incluye una previsión para contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores para el personal de la Corte, con excepción de ministras y ministros. La contratación estaría condicionada a la disponibilidad presupuestaria y a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Batres cuestionó esta prestación y la calificó como inconstitucional, la ministra incluso solicitó que las 95 personas integrantes de su ponencia quedaran fuera del beneficio.
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