México

Raquel Buenrostro exhibe red de corrupción en el INE: rastrean desvío millonario de la familia Hernández Casillas

Raquel Buenrostro reveló que proveedores del INE simulaban competencia, compartían domicilios y carecían de empleados o capacidad técnica

La secretaria Raquel Buenrostro presentó los avances de la investigación sobre la red de empresas proveedoras del INE. Foto: Presidencia | Canva
La secretaria Raquel Buenrostro presentó los avances de la investigación sobre la red de empresas proveedoras del INE. Foto: Presidencia | Canva

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La red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, señalada por presuntas irregularidades en contrataciones de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), tiene antecedentes de al menos 27 años y habría comenzado a formarse desde que ambos trabajaban en dependencias del gobierno federal.

Así lo reveló Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública / Anticorrupción y Buen Gobierno, al presentar una investigación elaborada a partir de información pública y registros de contrataciones. De acuerdo con la funcionaria, los empresarios pasaron del servicio público a constituir compañías que posteriormente se convirtieron en proveedoras de organismos electorales.

“La información más vieja que encontramos tiene 27 años y toda está vinculada a los hermanos Hernández Casillas”, explicó.

La secretaria señaló que la revisión también permitió identificar posibles vínculos entre las compañías, sus representantes y familiares, así como mecanismos para simular competencia en los procedimientos de contratación.

Raquel Buenrostro explica el rastreo de 27 años sobre las empresas que pasaron del servicio público a proveedoras electorales. Foto: Presidencia

Raquel Buenrostro explica el rastreo de 27 años sobre las empresas que pasaron del servicio público a proveedoras electorales. Foto: Presidencia

¿Cómo comenzó la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas?

Buenrostro explicó que José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas comenzaron a trabajar en 1983 en la Secretaría de Gobernación, primero en el Registro Nacional de Población (Renapo).

En esa etapa, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñaba como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del Renapo. Posteriormente, en 1989, ambos hermanos se incorporaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

“José Alfredo Hernández Casillas era el secretario particular del director general de Renapo, que es Juan Carlos Padilla Aguilar”, detalló.

La funcionaria destacó que Padilla Aguilar es una figura relevante para entender los antecedentes de esta red, pues también ocupó cargos en el Estado de México y, años después, apareció vinculado con el partido Somos México.

“Todo esto se explica con este personaje que es muy importante y que no ha aparecido, que es Juan Carlos Padilla Aguilar”, afirmó.

De acuerdo con la exposición de Buenrostro, después de que Padilla Aguilar se trasladó al Estado de México, los hermanos Hernández Casillas dejaron el servicio público y comenzaron a constituir empresas para participar como proveedores de organismos electorales.

Raquel Buenrostro muestra la gráfica que expone la evolución del monto adjudicado a los hermanos Hernández Casillas en 23 OPLEs del país. Foto: Presidencia

Raquel Buenrostro muestra la gráfica que expone la evolución del monto adjudicado a los hermanos Hernández Casillas en 23 OPLEs del país. Foto: Presidencia

¿Desde cuándo los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos con organismos electorales?

La secretaria ubicó en 1999 los primeros registros de participación de estas empresas en contrataciones electorales del Estado de México. En ese momento, una compañía llamada Cartonera Plástica comenzó a ofrecer sus servicios como proveedora.

Posteriormente, en 2005, se registró un escándalo relacionado con un contrato de los hermanos Hernández Casillas en esa entidad, que, según Buenrostro, escaló hasta provocar la renuncia de siete consejeros electorales.

La funcionaria explicó que, con las reformas electorales posteriores, también cambió la forma en que se integraban los organismos locales. A partir de 2014, el Consejo General del INE obtuvo la facultad de nombrar a los consejeros electorales de las 32 entidades del país.

En ese periodo, entre 2014 y 2023, la investigación identificó contratos por más de 2 mil millones de pesos para empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

“En este periodo de 2014 a 2023 lo que se observan son varias omisiones en los temas de contratación. Y en 23 de los 32 OPLEs que fueron designados por este consejo se asignan contratos por más de 2 mil millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales”, señaló.

Para el periodo de 2024 a 2025, la dependencia identificó contratos en 15 de los 32 organismos electorales locales, por un monto de 646 millones de pesos.

Buenrostro aclaró que estas cifras son preliminares y podrían modificarse conforme avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que no toda la información de los contratos está disponible en las plataformas públicas.

“Estos números seguramente se van a mover con las investigaciones que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación, porque como estamos usando fuentes abiertas, a veces no todos los sujetos obligados suben la información y no todos los contratos están arriba”, advirtió.

¿Cómo operaba la presunta simulación de competencia?

Uno de los hallazgos expuestos por Buenrostro fue la posible simulación de competencia entre compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.

Según explicó, distintas empresas participaban en las licitaciones, pero presuntamente se ponían de acuerdo para determinar quién presentaría la oferta más baja y obtendría el contrato.

“Como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo a quién iba a ganar. El que se ponía de acuerdo a quién iba a ganar era el que ofertaba el precio más bajo y entonces ya se daba el fallo”, describió.

De esta manera, aunque en los procedimientos aparecieran varios participantes, la funcionaria sostuvo que el beneficio económico terminaba concentrándose en los mismos empresarios.

“Todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos”, afirmó.

¿Qué irregularidades detectaron en las empresas?

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que, a partir de las revisiones realizadas por la dependencia y de las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se observaron características asociadas con empresas fachada.

Entre ellas mencionó que algunas compañías no reportaban empleados ni capacidad técnica para realizar los trabajos contratados. También identificaron empresas que compartían domicilios y números telefónicos, además de vínculos entre proveedores y servidores públicos.

“Las empresas no declaran empleados, no declaran capacidad técnica, muchas de las empresas tienen en la misma dirección, el mismo teléfono; son empresas, pues, como fantasmas”, expresó.

Buenrostro explicó que otra de las prácticas detectadas consistiría en dispersar los recursos recibidos mediante contratos públicos entre distintas compañías, con el propósito de dificultar la identificación de quién recibe finalmente el dinero.

“Una empresa recibe el dinero, lo reparte a otras 10, lo reparte a otras 10; esas otras 10 lo van repartiendo para que se pierda el beneficiario final”, detalló.

La funcionaria agregó que, durante el rastreo de las operaciones, encontraron transferencias que llegaban a personas de 96 años y jóvenes de 18 años, quienes podrían ser prestanombres o víctimas de robo de identidad.

Raquel Buenrostro informa sobre la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el SAT y la UIF para sancionar la simulación de competencia. Foto: Presidencia

Raquel Buenrostro informa sobre la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el SAT y la UIF para sancionar la simulación de competencia. Foto: Presidencia

“Ese comportamiento de cómo se mueve este dinero y cómo brinca de una empresa a otra, que no tienen empleados, que tienen las mismas direcciones, que solo tienen teléfonos y que presuntamente podrían tener prestanombres o robos de identidad, es el comportamiento que tienen las empresas que muestran lavado de dinero y las empresas factureras”, sostuvo.

Además, informó que el SAT ya había inhabilitado en años anteriores a algunas compañías de este grupo por su presunta participación en operaciones relacionadas con facturación irregular, mientras que la UIF mantiene sus propias investigaciones.


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