Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato se oponen al cierre de escuelas militarizados impulsado tras el caso de Dafne Zapata.
Al igual que sucedió con el Centro Universitario Militarizado (CUM) plantel Coacalco en el Estado de México, otros estados de la República están rechazando cerrar las escuelas militarizadas.
Pese a que el mandato fue emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) —y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum—, gobiernos como los de Aguascalientes y Zacatecas rechazan el cierre de sus planteles castrenses.
La controversia sobre la regulación de estos planteles surgió tras la muerte de Dafne Zapata, una menor de 13 años presuntamente asesinada dentro de un colegio militarizado tras ser sometida agresivamente por una instructora.
Las investigaciones en torno al caso de la joven señalaron abusos por parte del personal del plantel, lo que provocó la indignación pública y la exigencia de justicia de sus familiares, derivando en la postura de la SEP para regular o eliminar este modelo educativo.
Pese a esta postura federal, varias entidades defienden la permanencia de estos colegios y aseguran que en sus instalaciones no se registran este tipo de conductas.
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Autoridades locales de Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato sostienen que sus planteles operan bajo la ley, tienen alta demanda entre las familias y no registran casos de abuso o novatadas contra los estudiantes.
Al respecto, el Secretario General de Gobierno de Aguascalientes, José Antonio Arámbula López, declaró en entrevista que el estado tiene la intención de continuar con las escuelas militarizadas e incluso busca el aval de la Federación. Además, descartó la existencia de prácticas como “novatadas” en estas instituciones.
Arámbula López consideró oportuno negociar supervisiones constantes para que se cuente con la certeza de que los estudiantes no son sometidos a ningún tipo de violencia o humillación durante su estancia en el plantel, evitando así el cierre definitivo.
En el caso de Zacatecas, el subsecretario Académico de la Secretaría de Educación del estado aseguró que el Bachillerato General Militarizado (BGM) opera conforme a la ley.
Destacó que el modelo es bien aceptado por los padres de familia y que no se han reportado casos de violencia, por lo que cerrarlo perjudicaría a los alumnos.
Por su parte, Guanajuato tampoco está conforme con cerrar sus planteles, pues estas instituciones cuentan con gran aceptación social y una alta matrícula escolar.
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A diferencia de los estados que se oponen, en la Ciudad de México, Querétaro y Tabasco diversos planteles ya iniciaron su readaptación eliminando el término "militarizado" de su nombre y propaganda.
Pese a la negativa de algunas entidades para seguir los lineamientos federales, escuelas en la Ciudad de México ya comenzaron con la transición quitando la palabra “militarizada” de sus nombres oficiales.
Una situación similar ocurre con el Colegio Militarizado Nuevo México, en su plantel de Querétaro. En tanto, en Tabasco, la Academia Militarizada del Sureste de México A.C. retiró toda su publicidad y propaganda donde se anunciaba bajo ese esquema.
Mientras algunos estados avanzan en la reestructuración exigida por las autoridades federales, la resistencia de otras entidades mantiene abierto el debate sobre el futuro y la supervisión de la educación militarizada en México.
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