El abogado Arturo Santana, defensor de Doña Carlota, advierte que las invasiones de viviendas operadas por redes organizadas ya afectan a familias en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX.
El abogado Arturo Santana Alfaro, defensor de la señora Carlota “N”, conocida por el caso de despojo registrado en Chalco, Estado de México, advirtió que este delito dejó de ser un problema regional tras extenderse a distintas entidades del país, incluida ahora la Ciudad de México.
Y es que el litigante actualmente asesora a vecinos afectados por invasiones denunciadas en inmuebles localizados en la alcaldía Benito Juárez, en la capital del país, tras la recomendación que le hizo su madre para apoyar a más víctimas de este delito.
Según advierte el abogado Arturo Santana, existen aproximadamente un millón de carpetas de investigación por despojo a nivel nacional. Señala que este fenómeno se expandió del Estado de México a la capital mediante redes organizadas.
En entrevista con POSTA, Santana señaló que el fenómeno que comenzó a visibilizarse tras el caso de su familia ahora muestra una dimensión mayor, con miles de víctimas que enfrentan la pérdida de su patrimonio mediante mecanismos que, aseguró, involucran redes estructuradas.
“Es un fenómeno que se está saliendo de control, no solamente en el Estado de México y en la Ciudad de México, sino en varias partes del país”, afirmó.
Santana Alfaro explicó que recientemente fue contactado por habitantes de la alcaldía Benito Juárez tras los casos registrados en Matías Romero y avenida Coyoacán, donde vecinos denunciaron invasiones de viviendas por grupos delictivos que operan en esa zona.
Detalló que comenzó a brindar asesoría jurídica a los afectados luego de que la señora Alicia Camps, representante de vecinos, solicitara su apoyo como asesora legal y también víctima de este tipo de organizaciones delictivas.
Santana informó que ya se han registrado avances con la ejecución de algunas órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con estos hechos, aunque señaló que aún existen más acciones pendientes.
El abogado indicó tras un análisis de los casos que los grupos más afectados son sectores considerados vulnerables, como adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, jóvenes y familias que dependen de su vivienda como principal patrimonio.
Sin embargo, sostuvo que el problema ya no se limita únicamente a esos sectores, pues también existen personas jóvenes afectadas que buscan recuperar sus propiedades. “Ya trascendió, esto ya escaló”, expresó al referirse a los casos recientes en la Ciudad de México.
Detrás de los despojos operan redes que recurren a documentación falsa, escrituraciones irregulares y complicidad de autoridades en catastro, notarías y fiscalías para apoderarse y regularizar los inmuebles.
Arturo Santana afirmó que detrás de muchos casos existe una estructura que opera de manera organizada y que puede involucrar a distintos actores de la administración pública y del sector privado.
Explicó que estas redes presuntamente recurren a documentos falsos, procesos irregulares de escrituración y posibles actos de corrupción en instituciones relacionadas con la propiedad, catastro, fiscalías, notarías y otras áreas.
“Estamos hablando de delincuencia organizada, de bandas organizadas que están coludidas con servidores públicos de diversas instituciones”, señaló. A su consideración, el despojo funciona mediante una cadena que no termina con la ocupación ilegal del inmueble, sino que busca posteriormente su regularización.
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A raíz del caso ocurrido el 1 de abril de 2025, congresos locales aumentaron las penas por despojo violento o en grupo. Sin embargo, el abogado exige revisar protocolos para garantizar la restitución inmediata a las víctimas.
El abogado recordó que antes del caso ocurrido con su madre y sus hermanos, el delito de despojo tenía sanciones menores y no era considerado como un ilícito grave en muchos estados.
Explicó que, después de los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025, distintos congresos locales impulsaron modificaciones para aumentar las sanciones cuando se trata de despojo de casa habitación bajo ciertas modalidades, como la participación de varias personas o el uso de violencia.
No obstante, consideró que todavía se requieren reformas adicionales para fortalecer las herramientas legales de las fiscalías y permitir una actuación más efectiva contra quienes cometen este delito.
El abogado hizo un llamado a los gobiernos estatales y a las fiscalías para reforzar las acciones de prevención, investigación y sanción. Pidió revisar los protocolos de actuación para que las víctimas puedan recibir respuestas rápidas y recuperar sus viviendas.
“Se tienen que revisar los protocolos de actuación para que se dé respuesta inmediata a todo este sector de la población que está siendo vulnerado”, señaló.
Finalmente, recomendó a las personas que sean víctimas de despojo denunciar de inmediato y activar los mecanismos legales disponibles para buscar la restitución de sus bienes, además de que insistió en que el problema requiere coordinación entre autoridades y voluntad política para evitar que continúe creciendo en la Ciudad de México, el Estado de México y el resto del país.
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