Un fallo federal modificó el rumbo del caso del crematorio Plenitud, en Chihuahua, donde en 2025 fueron localizados cientos de cuerpos sin incinerar.
Una resolución judicial emitida la tarde del viernes 13 de febrero de 2026 cambió la situación legal de José Luis A.C., propietario del crematorio Plenitud, ubicado en Ciudad Juárez.
El empresario recuperó su libertad luego de que un juez federal concediera un amparo que anuló el proceso penal iniciado tras el hallazgo de 386 cuerpos dentro del inmueble.
El dictamen fue emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito, encabezado por Luis Eduardo Rivas Martínez, quien determinó que los hechos atribuidos no encuadran como delitos graves, sino como infracciones administrativas relacionadas con el manejo de restos humanos.
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De acuerdo con la resolución, las conductas imputadas —trato indebido de cadáveres y presuntas irregularidades sanitarias— no justifican una sanción penal que implique prisión preventiva. Bajo ese criterio, el juez ordenó cancelar la vinculación a proceso y dejar sin efectos la medida cautelar que mantenía detenido al propietario desde julio de 2025.
El fallo establece que las posibles responsabilidades derivadas del caso deben resolverse en el ámbito administrativo, conforme a la Ley General de Salud, y no a través de un procedimiento penal, lo que derivó en la liberación inmediata del imputado.
El descubrimiento se registró en junio de 2025, cuando autoridades localizaron cientos de cuerpos almacenados en distintas áreas del crematorio, algunos con varios años sin haber sido incinerados. Las condiciones del lugar obligaron al traslado de los restos al Servicio Médico Forense, donde se emplearon tráileres refrigerados para su resguardo.
Durante los meses posteriores, el proceso de identificación avanzó de forma gradual. Para inicios de 2026, alrededor de 170 cuerpos habían sido identificados y más de 165 familias notificadas oficialmente.
La investigación inicial se vio afectada tras la muerte de Facundo M.R., uno de los trabajadores detenidos, quien falleció por complicaciones de salud mientras enfrentaba el proceso penal.
Tras conocerse el fallo judicial, colectivos de familiares difundieron comunicados en los que expresaron rechazo a la decisión y cuestionaron que el caso sea tratado como una falta administrativa. Señalaron que el almacenamiento prolongado de cuerpos y la presunta entrega de cenizas que no correspondían a sus familiares no puede reducirse a una irregularidad menor.
Entre sus demandas se encuentra la intervención del Gobierno Federal y que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. También solicitaron revisar la actuación de las autoridades que otorgaron permisos y supervisaron el funcionamiento del crematorio, así como deslindar responsabilidades por posibles omisiones en la vigilancia del establecimiento.
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