El Gobierno del estado de Chiapas anunció la Ley de Amnistía para las personas que son detenidas por conflictos sociales.
Cierre de caminos, invasiones de predios, e inclusive agresiones físicas se han dado en Chiapas por problemas intracomunitarios, especialmente en las regiones indígenas sierra y frontera.
Muchas de las comunidades se han convertido en escenarios de controversias añejas, e inclusive subsisten problemas generados desde 1994, con la reivindicación del movimiento zapatista.
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Desde el municipio Ángel Albino Corzo o Jaltenango de La Paz, como es conocido en la entidad, el gobierno estatal inició la construcción de un camino para beneficiar la comunicación intracomunitaria, facilitando la transportación a los campesinos de la zona, que en su mayoría se dedican al cultivo del café.
Esta zona chiapaneca se ha visto inmersa en diferentes conflictos por temas territoriales, los cuales, afirmó el gobernador Eduardo Ramírez, serán atendidos para restaurar también el tejido social y construir un estado unido y en armonía.
Informó que se pondrá en marcha una "Ley de Amnistía para la construcción de la Paz" como un instrumento único a nivel nacional que busca privilegiar el perdón y la reconciliación; beneficiando a quién es han tenido problemas legales por conflictos sociales e inclusive por verse obligados a participar en temas ligados a la delincuencia organizada.
Acompañado del presidente del Tribunal de Justicia local, Juan Carlos Moreno Guillén, el mandatario estatal puntualizó que hay ejidos que se han mantenido en confrontación, y si hay necesidad, para resolver esos conflictos "se tendrán mesas de diálogo y más diálogo".
Destacó que se trata de construir el "Lekil Kuxlejal" que en tsotsil significa "Buen Vivir".
Destacó que está comprometido sobre la paz en Chiapas, para qué municipios como Jaltenango puedan crecer y seguir dedicándose a las actividades productivas en un clima de armonía.
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En 1994, luego de levantamiento zapatista en Chiapas, a partir del 4 de febrero se decretó una amnistía contra todas las personas que se vieron relacionadas en el movimiento.
A sus integrantes, en su momento se les calificó como partícipes en "disturbios", que ocurrieron en varios municipios a partir de el primero de enero de ese año.
La Ley de Amnistía de ese entonces, en sus cuatro artículos mandataba cancelar las órdenes de aprehensión y sobreseer las causas penales, así como liberar a los procesados y condenados que, con motivo de la toma de presidencias municipales, bloqueos carreteros y acciones armadas se había generado en la entidad.
La norma firmada por las autoridades locales y promulgada bajo la gubernatura de Javier López Moreno, siendo Pablo Salazar el secretario; pretendía dar resolución a la demanda de organizaciones sociales y de los propios zapatistas, para dejar en libertad a quienes habían sido detenidos principalmente por el ejército.
Además con ello se iniciaron las pláticas de paz entre el Gobierno Federal y el movimiento armado, además de la suspensión de los enfrentamientos armados, y la creación de las primeras comunidades autónomas zapatistas. Las autoridades en aquel entonces nunca informaron el número total de detenidos y presuntamente liberados.
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