La institución estatal señala que cualquier proceso debe apegarse a la ley mexicana, mientras se detallan los cargos que enfrenta el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra en el extranjero.
Luego de que autoridades del Gobierno de Estados Unidos difundieran una acusación en contra de diversos servidores públicos, entre ellos el vicefiscal general del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, la Fiscalía General del Estado emitió un posicionamiento institucional sobre el tema.
En su comunicado, precisó que cualquier solicitud relacionada con estos señalamientos debe atenderse bajo el marco jurídico nacional.
La dependencia indicó que, en México, los procedimientos vinculados a este tipo de casos deben sujetarse a lo establecido en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.
Asimismo, señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República analizar, con base en datos de prueba, la procedencia legal de cualquier acción derivada de estos hechos.
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En su postura oficial, la institución subrayó que en el país prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin una resolución emitida por una autoridad judicial competente.
También enfatizó que todas las actuaciones en materia de procuración de justicia deben realizarse con apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional. En este sentido, reiteró su compromiso con el cumplimiento del marco constitucional en cualquier procedimiento relacionado con el caso.
De acuerdo con la información difundida, el vicefiscal enfrenta señalamientos por conspiración para la importación de narcóticos, así como por posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. Además, se le atribuye conspiración para poseer este tipo de armamento y dispositivos.
Las acusaciones contemplan una posible cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, en caso de que se acrediten los delitos señalados por las autoridades estadounidenses.
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Según los datos presentados, el funcionario habría sido vinculado con la organización conocida como “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. En los señalamientos se indica que habría recibido pagos mensuales aproximados de 200 mil pesos desde 2021 y hasta septiembre de 2024.
La acusación sostiene que dichos recursos se habrían entregado a cambio de protección e información relacionada con operativos de seguridad. También se menciona que habría proporcionado datos sobre acciones coordinadas con la DEA, lo que permitió al grupo mover o eliminar evidencia antes de cateos.
El documento también refiere que Castro Saavedra habría facilitado el tránsito de cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a través del estado de Sinaloa.
De acuerdo con los señalamientos, la entrega de dinero en efectivo formaría parte de un esquema para mantener control dentro de la fiscalía estatal, a cambio de brindar información sobre investigaciones, operativos y aseguramientos planeados por fuerzas federales como el ejército y la marina.
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