Su acusación fue presentada junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya
Este miércoles 29 de abril, la Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Sur y la DEA presentó una acusación contra 10 funcionarios mexicanos del Gobierno de Sinaloa por delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
Entre estos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal, se encuentra Juan de Dios Gámez Mendívil, quien actualmente es presidente municipal de Culiacán.
Gámez Mendívil nació el 23 de febrero de 1985 en Culiacán, Sinaloa. Estudió una licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Asimismo, cuenta con una maestría en Organización Iberoamericana de Seguridad Social, por la misma institución.
Dentro de sus cargos cargos públicos, se desempeñó, de 2013 y 2017, como jefe de Departamento Técnico Normativo en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI).
Luego, de 2018 a 2021, fue asesor de Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, cuando él fue Senador de la República por Morena.
De 2021 a 2022 fungió como delegado de Programas para el Desarrollo en Sinaloa. No obstante, en junio de 2022, el Congreso del Estado de Sinaloa lo designó de manera unánime como presidente municipal de Culiacán, tras el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro. Cabe señalar que Gámez Mendívil es familiar de Rocha Moya.
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Según los documentos judiciales en los que se sustenta la acusación, las autoridades estadounidenses lo acusan de haber recibido sobornos de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
A cambio de dichos sobornos, presuntamente ha permitido a este grupo operar en Culiacán sin la interferencia del gobierno.
Bajo su autoridad sobre la Policía Municipal de Culiacán, el gobierno estadounidense lo señala de proteger las operaciones de tráfico de drogas de “Los Chapitos” en su jurisdicción y ha protegido a sus miembros de ser detenidos.
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Los 10 ciudadanos mexicanos acusados este 29 de abril por delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, son:
Los delitos que se le imputan al alcalde de Culiacán y los otros nueve políticos de Sinaloa, son:
Por estos delitos, pueden tener una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Además de estos cargos, a Juan Valenzuela Millán se le suman los delitos de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer un secuestro con resultado de muerte, por lo que que obtendría una pena obligatoria de cadena perpetua.
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