El senador fue acusado, junto a otros 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de tener nexos con la facción de "Los Chapitos"
Este miércoles 26 de agosto, el legislador Enrique Inzunza Cázarez anunció su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, en medio de versiones que adelantaban su salida de la bancada.
El político se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses luego de que, el pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el propio Inzunza, señalados por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
El legislador dio a conocer su decisión a través de una carta abierta dirigida al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco.
En el documento, el sinaloense señaló que, por “estricta convicción personal”, decidió separarse del grupo parlamentario para ejercer su cargo como legislador independiente, guiado por “la rectitud” de sus “deberes”.
Según explicó, tomó esta determinación a fin de asumir su propia defensa y evitar que los señalamientos en su contra sean utilizados para desacreditar al partido y al movimiento político.
“No daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos, lo mejor del gran pueblo de México”, escribió.
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Inzunza Cázarez asoció la embestida pública en su contra con las denuncias que encabezó en el Senado contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien acusó de complicidad con agentes extranjeros, particularmente de la CIA, en su entidad, hecho que calificó como un “escándalo de violación de la soberanía y de la seguridad nacional”.
Aunado a ello, se dijo blanco de lawfare (guerra jurídica) y tildó de “falsas, dolosas y carentes de todo sustento” las acusaciones presentadas en su contra por el Gobierno estadounidense. Según sostuvo, a cuatro meses de haberse hecho pública la imputación, las autoridades norteamericanas no han presentado “una sola prueba”.
El legislador asoció el caso en su contra con las denuncias que impulsó en el Senado contra la actuación de agentes de la CIA en Chihuahua. Foto: X (@InzunzaCazarez)
En ese sentido, sugirió que el “objetivo final” de este cerco legal es ir contra la máxima figura del movimiento político de Morena, en referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“No se precisa mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida. Sería una cobardía y un error consentirlo o permitirlo”, enfatizó
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El senador justificó su postura bajo los términos de defensa de la soberanía nacional y la Constitución Mexicana. En ese sentido, en el escrito evocó a figuras políticas mexicanas del siglo XIX, especuialmente a los políticos liberales que encabezaron el movimiento de Reforma, tales como Benito Juárez, José María Iglesias e Ignacio Manuel Altamirano.
Inzunza sugirió que este tipo de casos buscan dañar a la máxima figura del movimiento de Morena. Foto: X (@InzunzaCazarez) 
Centrándose en el expresidente Juárez, afirmó que él, a pesar de sus “prendas morales”, no se salvó de ser objeto de calumnias. En ese sentido, volvió a atribuir toda embestida a una campaña de “la derecha embustera”. “ Es la vieja estrategia de la calumnia cuando no mancha, tizna”, escribió.
Junto con los otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de tener nexos con “Los Chapitos”, a Inzunza se le imputaron cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.
Todos los implicados son señalados por haber protegido a los cabecillas del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales, al tiempo que facilitaban información confidencial de corporaciones policiales y militares a miembros del grupo criminal y a sus aliados.
Asimismo, las autoridades estadounidenses los acusan de haber ordenado a mandos policiales estatales y locales el resguardo de cargamentos de droga, almacenados en México o en tránsito hacia Estados Unidos, así como de permitirles cometer actos de violencia con impunidad a cambio de sobornos millonarios.
Particularmente, Inzunza Cázarez es señalado por reunirse, durante su gestión como secretario general de Sinaloa, con líderes de “Los Chapitos” y otros integrantes de la cúpula del Cártel de Sinaloa, con el fin de acordar planes específicos dentro del gobierno estatal para respaldar y proteger a la organización delictiva a cambio de favores y, a su vez, ayudar a los 10 implicados y otros funcionarios a mantenerse en el poder.
Según los documentos judiciales, Inzunza auxilió a la facción en la colocación de “funcionarios corruptos” para blindar sus operaciones y fungió como enlace entre los mandos criminales y Rubén Rocha Moya, transmitiendo acuerdos sobre protección institucional y respaldo mutuo.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, tanto Inzunza como Rocha Moya se reunieron con líderes del Cártel de Sinaloa tras las elecciones en las que este último resultó electo gobernador. En dicho encuentro, el grupo criminal manifestó haber financiado la campaña del hoy mandatario con licencia a cambio de obtener el control de la Policía Estatal para operar sin la interferencia de las autoridades locales.
Por estos hechos, Inzunza Cázarez fue acusado formalmente de tres delitos: conspiración para la importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para la posesión de dicho armamento. De ser declarado culpable en Estados Unidos, enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
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