Previamente, dos mineros en una entrevista señalaron que la desaparición de sus compañeros fue directa y planificada, desechando la hipótesis de haberi sodo "confundidos"
Este viernes 13 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que la hipótesis de que los 10 mineros desaparecidos de Concordia, Sinaloa, fueron “confundidos” con miembros de un grupo rival es solo una línea de investigación; asimismo, recalcó que la Fiscalía General de la República (FGR) agota otras vertientes en el caso.
La hipótesis en cuestión fue dada a conocer, el pasado 10 de febrero, por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que, tras los primeros arrestos vinculados al caso, las cuatro personas detenidas declararon que los mineros habían sido confundidos por miembros de “Los Chapitos”.
No obstante, la versión fue puesta en duda por declaraciones de compañeros de Vizsla Silver. Los trabajadores afirmaron que, aunque un grupo delictivo en la zona obligó a los mineros a vestir de una forma específica para identificarlos, la sustracción de sus compañeros fue un ataque directo ocurrido en una de las viviendas proporcionadas por la compañía.
Tras ser cuestionada sobre la fuerza de esta hipótesis, Sheinbaum subrayó que las declaraciones de García Harfuch solo se trataron de información obtenida de las primeras pesquisas tras la detención de las primeras personas. Sin embargo, apuntó que “evidentemente” la FGR está haciendo una “investigación mucho más profunda”.
“No solamente se le va creer al detenido de que esta fue la causa”, subrayó sobre las declaraciones.
En ese sentido, especificó que la investigación requiere entrevistas con los familiares de las víctimas y compañeros de la minera canadiense, así como pláticas con la industria minera, a fin de conocer a fondo las condiciones en las que ocurrió la privación de la libertad.
“El secretario (García Harfuch) dijo ‘el detenido dice esto’, no quiere decir que no se haga toda la investigación. Y como siempre lo hemos hecho, nuestro apoyo permanente a las familias de las víctimas, más allá de cuál haya sido la causa”, puntualizó.
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Además de estas declaraciones sobre la hipótesis, los compañeros de los mineros desaparecidos y sus familiares señalaron que Vizsla Silver sabía que grupos delictivos habían amenazado a los trabajadores, lo que incluso llevó a un paro técnico en abril de 2025 por las condiciones de seguridad.
A esto, se suma que la empresa canadiense, según dijeron, hizo caso omiso de lo reportado por sus trabajadores, a la par que familiares dijeron que esta también tiene una política de no pagar extorsiones para liberar secuestrados.
Ante este hecho, Sheinbaum mencionó: “Entonces, tenemos que apoyar a las víctimas, estar cercanas a ellos, averiguar exactamente la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna o no responsabilidad de la minera y, también, pues una investigación profunda de cuál es la causa de esta situación”, destacó.
Sheinbaum recalcó que lo dicho por García Harfuch solo es una línea de investigación. Foto: Presidencia
A la par de estas acciones, dijo, se deberá hablar con la Cámara de la Industria Minera para conocer si son víctimas de extorsión y así poder desarrollar un plan para proteger tanto a la actividad productiva como a los trabajadores.
Asimismo, Sheinbaum reconoció que, al ser la extorsión uno de los delitos que más afecta a la población y con mayores índices, su gobierno implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, sumada a una reforma para que este delito sea perseguido de oficio.
En tanto, la presidenta señaló que si la extorsión se confirma dentro de la investigación, por ley se establece que las unidades Antisecuestro contemplen la atención a las víctimas de extorsión, a fin de que apoyen de manera particular esta situación en el caso, una parte correspondiéndole a la fiscalía estatal y otra a la federal.
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El martes 10 de febrero, dos mineros que laboran para Vizsla Silver, compañeros de los trabajadores secuestrados, fueron entrevistados para el programa radiofónico, Reporte 100 Sonora, en la que fueron cuestionados sobre varios temas derivados del caso, como su opinión sobre la hipótesis revelada por García Harufch.
Desde su perspectiva, denunciaron que a partir de 2025 las amenazas del crimen organizado se intensificaron con el objetivo de obligar a la compañía a cesar sus actividades, aunque la directiva de la minera decidió mantener las operaciones, ignorando el riesgo para su personal.
Según los testimonios, la zona de la minera se sitúa en un punto de conflicto de la guerra interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos” y “Los Mayos”. En relación a esto, dijeron que los grupos delictivos se acercaban frecuentemente a los empleados para advertirles que no podían garantizar su seguridad en una "zona de guerra" y pedirles que se retiraran.
Respecto a la hipótesis federal de una "confusión" de identidades, los mineros revelaron que en un punto uno de los grupos armados les exigió cambiar el color de sus chalecos de seguridad (de naranja a amarillo) para poder distinguirlos de los combatientes rivales y evitar ataques accidentales.
No obstante, los compañeros de las víctimas descartan que la desaparición de los 10 mineros fuera un error de identificación. Argumentaron que la extracción directa, ya que los delincuentes irrumpieron el complejo residencial que servía como campamento de la empresa, llamado Clementin.
Los sacaron directamente de sus camas, por lo que trabajadores sostuvieron que los agresores sabían perfectamente a quiénes buscaban y dónde encontrarlos, invalidando la tesis de una confusión casual.
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