En tres ocasiones las autoridades ministeriales de Michoacán han requerido a la viuda de Manzo los dispositivos electrónicos
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán volvió a insistir en su requerimiento para que sean entregados los teléfonos celulares del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a fin de avanzar en las investigaciones y determinar si existió alguna alteración en su cuenta de WhatsApp.
Los dispositivos permanecen en posesión de su viuda y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien se ha rehusado a ponerlos a disposición de las autoridades, a pesar de que el requerimiento fue formulado desde el inicio de las indagatorias por el homicidio ocurrido en noviembre de 2025.
En un primer momento, Quiroz rechazó la entrega argumentando que el deseo en vida de Manzo era que únicamente ella tuviera acceso a los aparatos. Posteriormente, volvió a negar su entrega al manifestar desconfianza hacia las autoridades ministeriales, ante el temor de que la evidencia sea alterada o que los equipos le sean incautados de forma definitiva.
En conferencia de prensa celebrada la tarde del martes 22 de septiembre, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez abordó el tema tras ser cuestionado sobre las recientes declaraciones del secretario de Obras Públicas de Uruapan, Esteban Constantino Magaña.
El lunes 21 de septiembre, el funcionario municipal compareció ante la FGE por este caso. Al salir de las instalaciones ministeriales, declaró ante medios de comunicación que, a diferencia de las versiones difundidas, Carlos Manzo contaba con un único teléfono celular.
Asimismo, dijo desconocer si la cuenta de WhatsApp vinculada a dicho equipo había sido desactivada o inhabilitada. "No eran los celulares, había un solo celular", sostuvo.
Ante estos datos, el vicefiscal de Michoacán afirmó que la representación social iniciará las diligencias correspondientes para acreditar formalmente si existía un solo dispositivo o si se trata de varios aparatos.
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Aunado a ello, el funcionario insistió en que la Fiscalía de Michoacán agota las vías y requerimientos legales para que Grecia Quiroz entregue el o los teléfonos pertenecientes al alcalde. De este modo, a partir de lo que sea puesto a disposición de la autoridad, se podrá precisar el número exacto de dispositivos.
“Obviamente, esta Fiscalía está obligada a adquirir esos dispositivos telefónicos a raíz de la información que se ha aportado con las ampliaciones de declaraciones y obviamente se tienen que agotar los recursos para adquirir o solicitar la aportación de los mismos”, dijo.
“Pero de que tienen que ser aportados van a tener que ser aportados a raíz de esa información y posterior a eso obviamente si tenemos que realizar las periciales correspondientes para determinar alguna situación”, añadió.
En ese sentido, señaló que, una vez que la autoridad cuente con los equipos, los análisis periciales determinarán si existió alguna alteración o modificación en la cuenta de WhatsApp vinculada al dispositivo que perteneció a Manzo.
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La FGE de Michoacán ha solicitado en tres ocasiones a Grecia Quiroz la entrega del o los teléfonos celulares del edil asesinado el 1 de noviembre de 2025.
Las dos primeras solicitudes, según la autoridad ministerial, fueron formuladas en noviembre y diciembre de 2025, mientras que la tercera se notificó el pasado 28 de agosto, sin haber recibido una respuesta favorable. Hasta el momento, el expediente del caso acumula 32 personas detenidas por su probable participación directa o indirecta en el crimen.
Al respecto, tanto la fiscalía como el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla consideran indispensable el análisis pericial de los dispositivos para reconstruir los hechos e identificar posibles amenazas previas o filtraciones.
En tanto, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo que existen indicios de que personas cercanas al entorno del exalcalde informaban en tiempo real a los agresores sobre sus movimientos. No obstante, al no haber sido asegurados como prueba desde el inicio de la indagatoria, los aparatos permanecieron bajo resguardo familiar, lo que ha impedido su extracción coercitiva inmediata sin un mandato judicial específico.
Por su parte, Quiroz ha manifestado que no se opone a que las autoridades revisen la información, pero condiciona la entrega a que el peritaje se efectúe en su presencia. La alcaldesa argumentó que esta medida busca evitar manipulaciones en la evidencia, debido a la falta de depuración interna dentro del personal de la fiscalía.
Asimismo, ha señalado que atender la petición de forma irrestricta contravendría la voluntad expresa que su pareja dejó en vida sobre la privacidad de sus pertenencias.
En contraste con la postura de la presidenta municipal, Juan Manzo Rodríguez, hermano de la víctima y funcionario estatal, recriminó públicamente que el teléfono no fuera puesto a disposición de la FGE desde el primer día.
Además de exigir la entrega del dispositivo, señaló irregularidades dentro del entorno cercano al exedil, como la inasistencia de su exsecretario particular a tres citatorios ministeriales y la evasión de la justicia por parte de un jefe de escoltas que cuenta con orden de aprehensión.
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