Coahuila

Coahuila propone aumentar multas por violencia familiar 

Iniciativa busca aumentar de 6 meses a 2 años la pena mínima por violencia familiar en Coahuila.

Violencia familiar en Coahuila busca aumentar multas desde el Congreso de Coahuila / Foto: Composición de Canva
Violencia familiar en Coahuila busca aumentar multas desde el Congreso de Coahuila / Foto: Composición de Canva

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La violencia familiar podría enfrentar sanciones más severas en Coahuila si prospera una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado. 

El diputado Alberto Hurtado planteó modificar el Código Penal estatal para incrementar las penas aplicables a quienes sean responsables de este delito, con una sanción máxima que llegaría hasta los ocho años de prisión.

La propuesta surge en un contexto de preocupación por la incidencia de casos de violencia dentro de los hogares y busca modificar las disposiciones actualmente contempladas en el artículo 251 del Código Penal de Coahuila. La iniciativa todavía deberá pasar por un proceso de análisis legislativo antes de determinar si se aprueba la modificación.

¿Qué cambio propone la iniciativa para castigar la violencia familiar?

Actualmente, el artículo 251 del Código Penal de Coahuila establece para el delito de violencia familiar una pena que va de seis meses a seis años de prisión. La iniciativa presentada por Alberto Hurtado plantea modificar ese rango para incrementar tanto la sanción mínima como la máxima.

De aprobarse la propuesta en los términos planteados, la pena mínima pasaría de seis meses a dos años de prisión, mientras que el límite máximo aumentaría de seis a ocho años.

El legislador explicó que el objetivo de la reforma es fortalecer la respuesta penal frente a quienes ejerzan violencia dentro del entorno familiar y establecer consecuencias más severas para este tipo de conductas.

La iniciativa, sin embargo, no plantea crear un nuevo delito dentro del Código Penal ni incorporar agravantes adicionales. El cambio estaría enfocado específicamente en modificar las penas que actualmente contempla la legislación estatal.

¿Por qué se plantea modificar las sanciones en Coahuila?

Durante la presentación de la propuesta, el diputado argumentó que la violencia familiar constituye una problemática que requiere atención debido a sus efectos dentro de los hogares, particularmente en los casos que afectan a mujeres.

Como parte de los argumentos expuestos, Hurtado hizo referencia a cifras sobre la incidencia de este delito en Coahuila. De acuerdo con los datos citados durante la presentación, la entidad se encontraba entre los estados con mayores registros de violencia familiar en los últimos años.

También mencionó información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), según la cual 39.7% de las mujeres en Coahuila habría experimentado algún tipo de violencia dentro de una relación de pareja, mientras que 11.6% reportó situaciones de violencia en el ámbito familiar.

Estas cifras fueron utilizadas por el legislador como parte de la justificación para buscar un endurecimiento de las sanciones previstas en la legislación estatal.

¿Qué sigue para la propuesta sobre violencia familiar?

La iniciativa no se convierte automáticamente en una nueva disposición legal con su presentación. El documento fue enviado a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, instancia encargada de estudiar su contenido y elaborar, en su caso, el dictamen correspondiente.

Durante este proceso, los legisladores deberán analizar los alcances de la modificación propuesta al artículo 251 y determinar si resulta procedente llevarla al pleno para su discusión.

Mientras ese procedimiento continúa, la legislación vigente mantiene las sanciones actualmente establecidas para el delito de violencia familiar. Por ello, el aumento de penas planteado por Hurtado todavía depende del análisis y eventual aprobación del Congreso de Coahuila.

La propuesta coloca nuevamente en el debate legislativo la forma en que el estado sanciona la violencia dentro de los hogares y plantea utilizar una modificación al marco penal como mecanismo para incrementar las consecuencias jurídicas de quienes sean responsables de estas conductas.


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