La UIF bloqueó cuentas de 40 personas y empresas vinculadas a proveedores del INE y presentó una denuncia ante la FGR.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó este miércoles 4 de noviembre a 40 personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras sospechosas relacionadas con proveedores electorales.
La medida alcanza a 25 personas físicas y 15 personas morales. Ocurre en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei.
La Secretaría de Hacienda informó que también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no difundió los nombres de los involucrados.
De acuerdo con la tarjeta informativa, los análisis financieros permitieron identificar movimientos que presentan elementos de riesgo y requieren una revisión de las autoridades competentes.
La UIF aclaró que el bloqueo constituye una medida administrativa preventiva y no representa una declaración definitiva de responsabilidad.
La decisión ocurre después de que distintos medios difundieran investigaciones sobre contratos otorgados a empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas.
La controversia provocó la salida de Guadalupe Taddei, cuya renuncia a la presidencia del INE fue documentada por POSTA.
Aunque la UIF no publicó los nombres de las personas incluidas en el bloqueo, El Universal reportó que entre las cuentas afectadas estarían las de Guadalupe Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Los contratistas están relacionados con empresas que han participado en licitaciones de materiales electorales, entre ellas Cajas Graf, Corporativo Zeg y Seriplast de México.
Las investigaciones buscan determinar si existieron prácticas como simulación de competencia, triangulación de recursos o utilización de empresas para operaciones financieras irregulares.
En este contexto, POSTA informó que el INE prepara una denuncia ante la FGR por posibles anomalías detectadas durante la administración anterior.
La UIF presentó una denuncia para que la Fiscalía federal analice los movimientos financieros identificados y determine si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales.
Por separado, la Auditoría Superior de la Federación amplió sus revisiones a contrataciones realizadas por el IFE, el INE y organismos electorales locales entre 2000 y 2025.
La fiscalización busca identificar posibles irregularidades en adjudicaciones, concentración de contratos y relaciones entre empresas proveedoras.
Mientras avanzan las investigaciones, el INE reportó 30 renuncias de funcionarios tras la salida de Guadalupe Taddei.
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas permite restringir operaciones financieras mientras las autoridades realizan las revisiones correspondientes.
Las personas afectadas pueden ejercer los mecanismos legales disponibles para impugnar la medida. El bloqueo, por sí mismo, no equivale a una sentencia ni acredita la comisión de un delito.
Por ahora, la UIF no ha detallado los montos congelados ni la identidad completa de las 40 personas físicas y morales involucradas.
La investigación financiera abre una nueva etapa en la revisión de los contratos electorales. Corresponderá a la FGR y a las autoridades competentes establecer si las operaciones detectadas constituyen delitos.
