Desde 2006, la lucha contra los cárteles transformó la seguridad en México y redefinió su cooperación con Estados Unidos.
Han pasado dos décadas desde que el gobierno mexicano lanzó una ofensiva frontal contra los cárteles y el balance sigue marcado por una paradoja: algunos de los principales líderes criminales fueron capturados o abatidos, pero la violencia, la fragmentación de grupos y el tráfico de drogas continúan.
Desde 2006, la estrategia de seguridad cambió varias veces, al igual que la relación con Estados Unidos. México pasó de una política fuertemente militarizada a modelos que privilegiaron la reducción de violencia, programas sociales e inteligencia, mientras Washington aumentó su presión por el tráfico de fentanilo y reforzó su participación en tareas de seguridad.
La ofensiva comenzó formalmente durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando miles de militares fueron desplegados en distintos estados para combatir organizaciones criminales y suplir a corporaciones policiales consideradas vulnerables a la corrupción.
La estrategia permitió capturar o abatir a numerosos líderes, pero también provocó efectos inesperados. La caída de jefes criminales fragmentó organizaciones y abrió disputas territoriales entre células más pequeñas. Desde 2006, México ha registrado más de 463 mil homicidios, según datos citados por el Council on Foreign Relations.
Los gobiernos posteriores modificaron el enfoque, aunque ninguno consiguió eliminar la violencia relacionada con el crimen organizado.
Enrique Peña Nieto prometió concentrarse más en disminuir la violencia que en perseguir capos, aunque mantuvo una fuerte presencia militar en tareas de seguridad.
Andrés Manuel López Obrador presentó la política de “abrazos, no balazos”, enfocada en atender las causas sociales del crimen, pero durante su administración también se fortaleció el papel de las Fuerzas Armadas y se creó una Guardia Nacional con creciente influencia militar.
Claudia Sheinbaum, desde 2024, ha colocado mayor énfasis en inteligencia, coordinación operativa y desarticulación de redes criminales, mientras mantiene el uso del Ejército y la Guardia Nacional en estados con altos niveles de violencia.
El mapa criminal cambió de manera constante. El Cártel de Sinaloa mantuvo durante años una posición dominante, pero la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán y posteriormente de Ismael “El Mayo” Zambada profundizó disputas internas entre facciones.
Al mismo tiempo, el Cártel Jalisco Nueva Generación creció hasta convertirse en una de las organizaciones con mayor presencia territorial e internacional.
En febrero de 2026, fuerzas mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo apoyado con inteligencia estadounidense. Su muerte provocó nuevos episodios de violencia y abrió interrogantes sobre la sucesión dentro del CJNG.
La relación bilateral cambió profundamente desde la creación de la Iniciativa Mérida. Entre 2008 y 2021, Estados Unidos destinó alrededor de 3 mil 500 millones de dólares a programas de seguridad, capacitación y equipo para México.
Con el tiempo, el apoyo dejó de concentrarse únicamente en armas y operaciones para incluir reformas judiciales, prevención del delito y fortalecimiento institucional.
La cooperación sufrió uno de sus mayores golpes en 2020 con la detención en Estados Unidos del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos. México respondió limitando las operaciones de agentes estadounidenses dentro del país.
El crecimiento del tráfico de fentanilo transformó nuevamente las prioridades de Washington. Estados Unidos señala a organizaciones mexicanas como responsables de buena parte de la producción y distribución de opioides sintéticos que llegan a su territorio.
Durante el segundo gobierno de Donald Trump, varias organizaciones mexicanas fueron designadas como organizaciones terroristas extranjeras, mientras aumentó la vigilancia fronteriza y el uso de inteligencia para localizar laboratorios y estructuras criminales.
México, por su parte, ha insistido en que la cooperación debe realizarse respetando su soberanía y ha reclamado también mayor atención al tráfico de armas desde Estados Unidos.
La guerra contra los cárteles modificó la política de seguridad, fortaleció el papel de las Fuerzas Armadas y transformó la cooperación con Estados Unidos, pero no consiguió desarticular por completo las estructuras criminales.
Los grupos se adaptaron, se fragmentaron y diversificaron sus actividades hacia la extorsión, tráfico de personas, robo de combustible y otras economías ilegales.
Veinte años después, el desafío ya no consiste únicamente en capturar líderes. México enfrenta organizaciones más flexibles, mientras la relación con Estados Unidos continúa moviéndose entre cooperación, presión política y disputas sobre soberanía.
