Las familias pueden realizar aportaciones para apoyar las necesidades de los planteles, pero estas deben conservar su carácter voluntario.
El regreso a clases no solo implica comprar útiles, uniformes y preparar nuevamente las mochilas. Para muchas familias también aparecen las llamadas cuotas escolares o aportaciones voluntarias, un cobro que suele generar dudas al momento de realizar la inscripción o reinscripción de los estudiantes.
Para el ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha reiterado que en las escuelas públicas ninguna cuota puede convertirse en una condición para recibir educación.
La gratuidad de la educación pública está respaldada además por la Ley General de Educación.
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Las llamadas cuotas voluntarias no son obligatorias para madres, padres o tutores de estudiantes inscritos en escuelas públicas.
El artículo 6 de la Ley General de Educación establece que no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o la entrega de documentación al pago de alguna contraprestación.
Esto no significa que las comunidades escolares estén impedidas para organizar aportaciones. Las Asociaciones de Madres y Padres de Familia pueden acordar contribuciones para atender necesidades particulares de los planteles, pero cada familia conserva la decisión de participar o no.
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Si una escuela pública establece el pago como requisito para inscribir a un estudiante, permitirle entrar a clases o entregarle documentos, madres, padres y tutores pueden reportar la situación ante las autoridades educativas correspondientes.
Es importante distinguir entre una solicitud de colaboración y un cobro obligatorio. Una aportación puede utilizarse para atender necesidades del plantel, pero no debe presentarse como requisito para ejercer el derecho a la educación.
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La SEP también ha señalado que están prohibidas las llamadas “novatadas” o actividades de iniciación que impliquen violencia, humillaciones, discriminación o afectaciones a la integridad de los estudiantes.
Las actividades realizadas antes o durante el inicio del ciclo escolar deben tener propósitos académicos, pedagógicos o culturales y respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
