La ley se aprobó luego de días de discusión sobre los alcances de la misma, la cual fue promovida por Rodriguez
La noche del jueves 19 de febrero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó una ley de amnistía general que podría llevar a la liberación de diversos ciudadanos que han sido encarcelados desde 1999 por motivos políticos.
Después de que en la madrugada del 3 de enero el presidente depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueran secuestrados por militares estadounidenses, el gobierno venezolano inició un proceso de liberación de presos políticos, que, hasta la fecha a llevado a cientos de personas hayan sido excarceladas, aunque, de acuerdo a la organización Foro Penal, hay más de 600 que permanecen en prisión.
La ley de amnistía fue impulsada por Rodríguez, fue así que, tras una semana de negociaciones, entre desacuerdos por los alcances que la legislación podría tener, especialmente porque existía una incertidumbre si podría proteger a opositores dentro y fuera de Venezuela, cosa que fue denunciada por organizaciones y familiares de víctimas.
A pesar de estas tensiones, el 19 de febrero la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la medida luego de dos horas de sesión, cuyo visto bueno ocurrió por unanimidad en su segunda discusión.
Más tarde, la presidenta interina promulgó la ley dentro de una ceremonia, en cuyo discurso Rodríguez admitió que la ley plantea un cambio de perspectiva frente a la confrontación política en el país, a fin de “convivir democrática y pacíficamente”.
“Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, declaró, a la par de resaltar la trascendencia histórica que esta ley puede representar, pues admite la existencia de presos políticos en el país, cosa que Maduro rechazó en su momento.
“Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre”, sostuvo.
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La disposición establece amnistía plena a personas investigadas o condenadas por su participación en confrontaciones políticas, sociales o institucionales, así como “en acciones violentas” (como el golpe de Estado de 2002), protestas, manifestaciones y movilizaciones vinculadas a procesos electorales en 1999, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.
Además, ordena la revisión inmediata de expedientes de detenidos durante diversas protestas políticas en las últimas dos décadas. Por ende, la ley alcanzaría a activistas, abogados, periodistas, políticos y demás ciudadanos, aunque únicamente aplicará para quienes “hayan cesado” en la realización de delitos.
No obstante, no establece que los bienes incautados sean devueltos, ni revoca ordenes para que las personas puedan ejercer cargos públicos, no cancela sanciones contra medios de comunicación, lo cual estaba contemplado en las redacciones previas de la ley.
A las personas que se exiliaron, la medida establece la posibilidad de que puedan solicitar amnistía a través de un abogado designado, aunque exige que esto ciudadanos tengan que comparecer personalmente para que se les otorgue.
Asimismo, cancela órdenes de captura internacionales para las personas que obtengan la amnistía, aunque precisa que los tribunales tendrán que decidir, en un plazo de 15 días, sobre tales órdenes de aprehensión.
Se estipula que quedan excluidas personas que hayan sido condenadas por “rebelión militar” por lo hechos derivados en abril de 2019, cuando sucedió la llamada “Operación Libertad”, un levantamiento contra Maduro que fue calificado como Golpe de Estado por las autoridades.
A estos, se sumó la exclusión de ciudadanos que “promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, financien o participen en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” con el respaldo desde el extranjero.
También, no se concederá amnistía a quienes hayan sido encontrados culpables de asesinato, corrupción, crímenes de guerra, narcotráfico o violaciones de derechos humanos.
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A pesar del alcance de la ley de amnistía, esta fue criticada por organizaciones de derechos humanos, quienes la consideraron “limitada”.
Desde el 8 de enero de este año, el gobierno venezolano anunció la liberación de presos políticos, de las cuales ya ha realizado varias tandas.
En ese sentido, Foro Penal ha destacado que actualmente ya se ha concretado la liberación de 448 personas opositoras, aunque aún permanecen presas, según sus registros, 644.
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