Carlos Robles pide a la FGR revisar presuntos vínculos de delegado del Bienestar en Coahuila con empresario ligado al huachicol.
El hallazgo de una presunta refinería clandestina en Reynosa, Tamaulipas, volvió a colocar bajo el escrutinio público a empresarios relacionados con el tráfico ilegal de combustibles. En este contexto, el diputado local y dirigente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, consideró necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) revise posibles conexiones entre uno de los empresarios mencionados en el caso y Américo Villarreal Santiago, actual delegado del Bienestar en Coahuila.
El legislador planteó que la aparición de referencias periodísticas sobre una relación entre ambos debe ser suficiente para que las autoridades competentes determinen si existe algún elemento que deba investigarse.
No obstante, Robles aclaró que no cuenta con elementos para afirmar que Villarreal Santiago haya participado en actividades relacionadas con el robo o tráfico ilegal de hidrocarburos.
El señalamiento surge después de que autoridades localizaran en Reynosa una instalación presuntamente utilizada para procesar combustible ilegal, en un operativo que se suma a otros aseguramientos registrados en Tamaulipas durante los últimos años.
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La petición del legislador coahuilense se origina en las publicaciones que han señalado una relación entre Américo Villarreal Santiago y un empresario mencionado en las investigaciones relacionadas con el combustible ilegal.
Robles sostuvo que la existencia de estos señalamientos no significa que pueda atribuirse directamente una responsabilidad penal al funcionario. Por el contrario, consideró que precisamente corresponde a las instituciones de procuración de justicia determinar si las relaciones señaladas tienen alguna relevancia dentro de las investigaciones.
Su llamado está dirigido principalmente a la FGR, instancia federal encargada de investigar delitos de competencia federal. El objetivo, de acuerdo con el planteamiento, sería esclarecer cualquier posible conexión y, en su caso, deslindar responsabilidades.
El legislador también hizo referencia a los antecedentes recientes de Tamaulipas en materia de tráfico ilegal de combustibles, donde han aparecido empresas, empresarios y redes de transporte relacionadas con investigaciones sobre hidrocarburos.
Por ello, insistió en que cualquier indicio que pueda aportar información adicional debe ser revisado por las autoridades y no convertirse automáticamente en una acusación contra quienes aparecen mencionados.
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El caso tomó relevancia después de que el 21 de julio se reportara el aseguramiento de una instalación clandestina localizada en Reynosa, donde fueron encontrados alrededor de 3.7 millones de litros de combustible presuntamente ilegal.
De acuerdo con la información señalada por Robles, la infraestructura habría sido construida por una empresa relacionada con Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, empresario del sector del transporte de combustibles que previamente había sido mencionado en investigaciones periodísticas sobre el tráfico ilegal de hidrocarburos.
A partir de esos antecedentes es que se incorporó al debate público la presunta cercanía que Ramírez Salinas habría mantenido con Américo Villarreal Santiago.
Sin embargo, es importante distinguir entre una relación personal, empresarial o social y la acreditación de una conducta delictiva. La información presentada por el diputado no demuestra que Villarreal Santiago haya intervenido en la operación de la instalación ni que haya participado en el traslado, almacenamiento o procesamiento ilegal de combustible.
Precisamente por ello, la propuesta de Robles consiste en que sean las autoridades federales las que revisen los vínculos y determinen si existe alguna conducta que deba ser investigada.
El señalamiento ocurre en un contexto marcado por distintos aseguramientos de combustible en Tamaulipas. Uno de los casos mencionados corresponde a marzo de 2025, cuando se reportó el decomiso de aproximadamente 10 millones de litros de diésel presuntamente ilegal en el puerto de Altamira.
Según los antecedentes citados por Robles, el combustible habría llegado en un buque procedente de Texas y posteriormente fue almacenado en instalaciones relacionadas con una empresa dedicada al transporte de mercancías.
En torno a aquel caso también apareció el nombre de Roberto Blanco Cantú, identificado en diversas publicaciones con el alias de “El Señor de los Buques”. Posteriormente, el empresario del transporte de combustibles Ángel Arnoldo Ramírez Salinas murió en un hecho descrito públicamente como un accidente carretero ocurrido en Colima.
Ramírez Salinas también fue relacionado en investigaciones periodísticas con Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”. Entre los datos difundidos sobre ambos se encuentra la referencia a un domicilio fiscal compartido, aunque este tipo de coincidencias por sí mismas tampoco constituyen una prueba de participación delictiva.
Con el reciente descubrimiento de la instalación clandestina en Reynosa, el tema vuelve a cobrar relevancia y coloca nuevamente bajo observación las redes empresariales vinculadas con el transporte y manejo de combustibles.
Para Carlos Robles, el punto central es que las autoridades federales revisen los antecedentes disponibles y determinen si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar alguna investigación. Hasta que ello ocurra, los vínculos señalados deben mantenerse en el terreno de las referencias y presunciones, sin presentarlos como una prueba de responsabilidad penal.
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