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Jaime Rivera, integrante de esta organización en Saltillo, sostuvo que una de las situaciones que buscan visibilizar ocurre cuando, después de una denuncia, se imponen restricciones que terminan afectando la relación familiar durante periodos prolongados.
@derecho.pa.la.ban ?? MENTIRLE A LA AUTORIDAD NO ES UN JUEGO ?? Ya sea como denunciante o como testigo, ir a mentirle a una autoridad puede traerte consecuencias gravísimas. No es solo “decir algo de más”. Puedes incurrir en delitos como: Falsedad de declaración Difamación o calumnia (según el estado) Delitos que se pagan con años de cárcel. Y por si fuera poco, también puedes terminar enfrentando una demanda por daño moral, con la obligación de pagar una indemnización económica. Antes de ir a declarar, piensa bien lo que vas a decir. Porque cuando mientes ante la autoridad, el problema deja de ser el otro… y se vuelve tuyo. #DerechoPaLaBanda #ElAbogadoQueResuelve #FalsedadDeDeclaración #DañoMoral #ConsecuenciasLegales ? sonido original - derecho.pa.la.banda
De acuerdo con su postura, algunos padres pueden permanecer meses o incluso años sin convivir con sus hijos mientras continúa el procedimiento correspondiente, aun cuando el proceso no haya concluido con una determinación de responsabilidad.
Rivera señaló que el movimiento no pretende cuestionar el derecho de las personas víctimas de violencia a presentar denuncias ni busca impedir que las autoridades adopten medidas de protección cuando sean necesarias.
El planteamiento, explicó, está relacionado con que las decisiones sean tomadas considerando las circunstancias particulares de cada expediente y evitando que una acusación tenga como consecuencia automática la interrupción del contacto familiar.
Desde la perspectiva del colectivo, cualquier medida debe tener como referencia principal el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
¿Por qué consideran que la separación puede afectar a los menores?
El movimiento sostiene que una restricción impuesta a uno de los padres puede terminar repercutiendo directamente en los hijos cuando no existen elementos que acrediten un peligro relacionado con la convivencia.
Rivera afirmó que el debate no debería convertirse en una disputa entre hombres y mujeres, sino concentrarse en el interés superior de la niñez, principio bajo el cual, según su postura, las autoridades deben analizar qué alternativa resulta más favorable para cada menor.
El representante también expresó críticas hacia lo que el movimiento considera una aplicación excesiva de determinadas perspectivas de género dentro de algunos procedimientos.
Su argumento es que las decisiones judiciales y administrativas deben valorar los derechos de todas las partes involucradas, sin perder de vista el derecho de niñas, niños y adolescentes a conservar relaciones familiares cuando estas sean seguras.
En ese sentido, el colectivo resume su posición bajo la idea de que “primero son los niños”, por lo que solicita que cada expediente sea evaluado de manera independiente.
¿Qué cambios en las órdenes de protección considera positivos el movimiento?
Entre los aspectos que el colectivo considera un avance se encuentra la modificación en la manera de establecer algunas órdenes de protección, particularmente cuando las restricciones están dirigidas contra una mujer y sus familiares.
Rivera indicó que en ciertos casos estas disposiciones han comenzado a precisar que las limitaciones no necesariamente tienen que extenderse a los hijos, lo que, de acuerdo con el movimiento, ha permitido que algunos padres recuperen la convivencia con sus menores mientras sus procedimientos continúan.
La organización considera que este tipo de precisiones pueden ayudar a evitar que una medida de protección termine afectando automáticamente la relación entre los hijos y alguno de sus padres cuando no existe un riesgo acreditado.
La postura del movimiento se suma al debate sobre las medidas de protección y los procedimientos familiares en Coahuila, mientras insiste en que cada denuncia debe ser atendida con seriedad, pero también analizada de manera individual antes de tomar decisiones que puedan tener consecuencias prolongadas en la convivencia entre padres e hijos.