Detienen en Saltillo, Coahuila a tráiler con más de 100 migrantes guatemaltecos
Un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Guardia Nacional (GN) permitió detener en Saltillo a dos hombres acusados de transportar a más de 100 migrantes guatemaltecos en un tractocamión.
Los hechos ocurrieron a la altura del ejido Las Colonias, donde las autoridades localizaron a 109 personas que no pudieron acreditar su estancia legal en México.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), confirmó que los detenidos, identificados como Jesús “N” y Jonathan “N”, fueron vinculados a proceso por el delito de transporte de personas extranjeras en territorio nacional.
Como medida cautelar, el juez de Control les dictó prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
El transporte ilegal de migrantes es considerado un delito grave en México. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Migración, las penas pueden ir de ocho a dieciséis años de prisión, además de multas que oscilan entre 5,000 y 15,000 días de salario mínimo.
Estas sanciones se endurecen si se demuestra que existió propósito de lucro, si se trasladaba a menores de edad o si el viaje implicaba condiciones de riesgo para la vida de los migrantes.
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Según la investigación, la detención fue posible gracias a una denuncia anónima que permitió iniciar los actos de verificación.
El tractocamión fue interceptado en un punto estratégico de Saltillo, lo que evitó que los migrantes continuaran su trayecto en condiciones inseguras. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni fallecidos como resultado del operativo.
Expertos en derechos humanos recuerdan que la migración sin papeles no constituye un delito penal, sino una falta administrativa. En contraste, el tráfico de migrantes sí es un delito porque implica un beneficio económico para terceros y pone en riesgo la vida de quienes viajan en condiciones precarias.
La ONU ha enfatizado que criminalizar a los migrantes vulnera sus derechos y desvía la atención de quienes se benefician ilegalmente de este fenómeno.
El caso de Saltillo refleja la creciente vigilancia en rutas migratorias del norte del país y la necesidad de reforzar la coordinación entre autoridades locales y federales para frenar el tráfico de personas.
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