Congreso exige aplicar la ley y castigar infractores que creen contaminación sonora en Coahuila.
El Congreso del Estado de Coahuila llamó a los 38 ayuntamientos de la entidad a reforzar la aplicación de sanciones contra la contaminación sonora, al considerar que el ruido excesivo se ha convertido en un problema que impacta la salud, la convivencia social y la seguridad en comunidades urbanas y rurales.
Durante la sesión legislativa, se aprobó un punto de acuerdo impulsado por el diputado Jesús Alfredo Paredes, mediante el cual se exhorta a los municipios a hacer uso pleno de las herramientas legales que ya contempla la Ley para Combatir el Ruido en el Estado.
Especialmente tras las reformas recientes que fortalecen la capacidad de actuación de las autoridades locales.
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El legislador advirtió que la contaminación sonora ya no es exclusiva de las grandes ciudades, sino que también afecta a municipios medianos, zonas con baja densidad poblacional e incluso comunidades rurales.
El ruido constante puede provocar estrés, trastornos del sueño, irritabilidad, afectaciones al sistema nervioso, así como el aumento de enfermedades como hipertensión y padecimientos cardiovasculares.
Además, se ha convertido en un detonante de conflictos vecinales, los cuales, de acuerdo con datos oficiales, figuran entre las principales causas de disputas que incluso pueden escalar a hechos de violencia.
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Coahuila cuenta desde 2012 con una legislación específica para regular el ruido, posicionándose en su momento como uno de los primeros estados del país en atender este problema de forma normativa. No obstante, su impacto fue limitado durante años debido a la falta de reglamentos municipales que permitieran su correcta aplicación.
Ante esta situación, la ley fue reformada y actualizada en enero de 2024, incorporando disposiciones que fortalecen la intervención de los municipios y alinean las sanciones con los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994.
Con las reformas vigentes, los ayuntamientos cuentan con facultades para imponer multas, realizar clausuras temporales o definitivas, e incluso suspender actividades de negocios, establecimientos, industrias o eventos que excedan los niveles permitidos de sonido.
El diputado Alfredo Paredes subrayó que estas medidas permiten prevenir y contener el problema de manera más eficiente, siempre y cuando las autoridades municipales apliquen la ley sin omisiones y refuercen la atención a las denuncias ciudadanas.
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