Diputados del Congreso de Coahuila analizarán leyes y criterios judiciales para tratar casos de violencia vicaria.
El Congreso del Estado de Coahuila anunció el inicio de una revisión a fondo del marco jurídico relacionado con la violencia vicaria.
Esto con la finalidad de ajustar la legislación estatal a los criterios más recientes del Poder Judicial federal y fortalecer la atención de las autoridades en este tipo de casos, priorizando la perspectiva de género y la protección de niñas, niños y adolescentes.
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, la diputada Luz Elena Morales Núñez, informó que este proceso incluirá el análisis del Código Penal local.
Así como de las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de garantizar que la aplicación de la ley se realice dentro de los principios de legalidad y derechos humanos.
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La revisión legislativa se detonó tras un caso reciente que generó debate público, relacionado con la vinculación a proceso de una madre de familia, acusada de incurrir en violencia vicaria al presuntamente limitar la convivencia de sus hijos con el padre.
Este antecedente llevó a las y los legisladores a considerar necesario evaluar si la redacción actual del tipo penal está siendo interpretada de manera adecuada.
Morales Núñez recordó que Coahuila fue uno de los primeros estados en tipificar esta conducta, sin embargo, señaló que el marco legal debe evolucionar conforme a los criterios judiciales que han surgido después de su incorporación al Código Penal.
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De acuerdo con la legisladora, la norma vigente permite que cualquier persona sea denunciada si encuadra en la conducta, sin distinción de género, por lo que será necesario analizar este enfoque a la luz de las resoluciones de la SCJN.
Para ello, se prevé la realización de mesas de trabajo con colectivos ciudadanos y organizaciones civiles, con el objetivo de revisar la redacción del delito y su impacto en la práctica judicial.
La revisión no se limitará al texto legal, ya que también se analizarán factores externos que pueden entorpecer la impartición de justicia, entre ellos, las prácticas inadecuadas dentro del ejercicio de la abogacía.
La diputada advirtió que la falta de ética profesional puede afectar los procesos de mediación y convivencia familiar, prolongando los conflictos.
Finalmente, la presidenta de la Junta de Gobierno subrayó la importancia de atender la salud mental de madres y padres involucrados, con el fin de evitar que las y los menores sean utilizados como instrumentos de confrontación o venganza durante los litigios familiares.
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