La Jefa de Gobierno de la CDMX entregó departamentos rehabilitados en la Del Valle y la Obrera, alcanzando un 92% de avance en el programa de reconstrucción tras los sismos de 2017.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, lanzó un mandato contundente para saldar una de las deudas históricas más sensibles de la capital: la atención total a las familias damnificadas por los sismos de 2017 deberá concluir, a más tardar, en julio del próximo año.
Durante la entrega de dos edificios rehabilitados que sufrieron daños estructurales hace ocho años, la mandataria capitalina instruyó a la Secretaría de Vivienda a agilizar los procesos restantes para cerrar el ciclo de la reconstrucción.
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Acompañada por antiguos residentes y autoridades del sector vivienda, Brugada enfatizó que, si bien se han entregado hogares a más de 22 mil familias, el objetivo es no dejar a nadie atrás.
Brugada aclaró que existe un solo caso excepcional que, por razones ajenas a la administración, podría extenderse más allá de junio, pero insistió en que el grueso de la deuda pendiente quedará saldada en el séptimo mes del 2026.
Además de la reconstrucción, Brugada abordó la problemática de la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda en colonias céntricas. En este contexto, anunció que a inicios del próximo año presentará formalmente el proyecto de la Ley de Rentas Justas.
Esta iniciativa busca garantizar que la población acceda a viviendas en alquiler con precios "razonables y asequibles", evitando aumentos excesivos de un año para otro y simplificando los requisitos que actualmente se exigen para arrendar en la capital.
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Los inmuebles entregados este día representan el regreso a casa para decenas de familias:
Nicolás San Juan 304 (Col. Del Valle): 30 departamentos entregados.
San Antonio Abad 39 (Col. Obrera): 80 viviendas que integran el programa de redensificación, permitiendo no solo el retorno de los antiguos dueños, sino la creación de nuevos espacios habitacionales.
Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México busca consolidar el derecho a la vivienda y estabilizar el mercado inmobiliario frente a las presiones inflacionarias y el desplazamiento poblacional.
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