Búsqueda x La Paz lanzará una campaña para dar a conocer qué es y cómo funciona la Declaración Especial de Ausencia en BCS.
Cuando una persona desaparece en Baja California Sur, su familia no solo enfrenta la incertidumbre por no saber dónde está y cómo actuar ante este tipo de casos. También surgen dudas sobre qué hacer con sus bienes, créditos, trabajo y otros asuntos legales mientras continúa la búsqueda.
Para atender estas situaciones existe la Declaración Especial de Ausencia, un procedimiento que busca proteger los derechos de la persona desaparecida y dar herramientas legales a sus familiares mientras continúa su búsqueda.
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La Declaración Especial de Ausencia es una figura jurídica de carácter civil que reconoce la situación de la persona desaparecida sin asumir que falleció. La legislación parte de la presunción de vida, por lo que busca mantener sus derechos mientras continúan las acciones para localizarla.
Uno de los puntos más importantes es la protección del patrimonio, esto incluye propiedades, vehículos, muebles y otros bienes que formen parte de su patrimonio, así como aquellos que haya adquirido mediante créditos o que estén sujetos a una hipoteca.
La Declaración Especial de Ausencia también permite establecer quién puede administrar o acceder al patrimonio de la persona desaparecida y bajo qué condiciones, por lo que entre los efectos que puede establecer el procedimiento se encuentran:
La medida también contempla situaciones relacionadas con créditos para adquirir una vivienda. De acuerdo con la información proporcionada sobre este procedimiento, los pagos relacionados con este tipo de crédito pueden suspenderse.
La finalidad es evitar que la desaparición de una persona afecte de inmediato sus bienes, derechos y obligaciones legales. Las fichas de las personas desaparecidas pueden consultarse en la página de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
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Foto: biblioteca Canva
La protección no se limita a casas, vehículos u otras propiedades. La Declaración Especial de Ausencia también contempla los derechos laborales y de seguridad social de la persona desaparecida.
En materia laboral, la persona puede quedar en una situación de permiso sin goce de sueldo. Si posteriormente es localizada con vida, el patrón debe reinstalarla en el puesto que ocupaba antes de la desaparición.
También puede recuperar su posición, escalafón y derechos de antigüedad, de acuerdo con las disposiciones laborales que correspondan.
Para las personas beneficiarias de la seguridad social, se busca conservar los derechos y beneficios que correspondan, incluidos los relacionados con servicios de salud y pensiones.
Las obligaciones mercantiles también pueden suspenderse hasta que la persona sea localizada, con o sin vida. Esto contempla situaciones relacionadas con contratos, préstamos, créditos hipotecarios y otras obligaciones de carácter mercantil.
En cuanto a las obligaciones fiscales, la información sobre el procedimiento señala que estas pueden quedar en suspensión hasta la localización de la persona desaparecida.
La Declaración Especial de Ausencia también permite establecer medidas para proteger a la familia, especialmente cuando la desaparición deja a hijos menores o genera problemas para administrar los bienes que sostenían económicamente al hogar.
La información proporcionada para esta nota señala que la figura fue incorporada a partir de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en noviembre de 2017.
El material consultado explica que el objetivo es mantener la personalidad jurídica de la persona desaparecida y proteger sus derechos mientras continúa su búsqueda.
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Foto: biblioteca Canva
Las familias no tienen que esperar años para comenzar este procedimiento. La información consultada establece que la solicitud puede presentarse a partir de tres meses contados desde la denuncia o reporte de desaparición, o desde la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La solicitud puede realizarla una persona familiar que tenga legitimación para hacerlo, ya sea directamente o mediante una representación legal. También puede intervenir el Ministerio Público o una asesoría jurídica, de acuerdo con el procedimiento establecido.
El trámite se presenta ante un Juzgado Civil, y las familias tienen derecho a recibir orientación jurídica durante el proceso.
Entre las instituciones que tienen la obligación de explicar a las familias en qué consiste este procedimiento se encuentran el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, la Comisión Ejecutiva y la Comisión Nacional de Búsqueda, según el material jurídico consultado.
La solicitud debe explicar, entre otros puntos, qué efectos se buscan con la Declaración Especial de Ausencia. Esto es importante porque las necesidades pueden ser diferentes en cada familia.
En algunos casos puede ser necesario proteger una vivienda, en otros garantizar la custodia de hijos menores, resolver un crédito o asegurar el acceso a prestaciones laborales y de seguridad social.
El procedimiento también contempla protección para familias que no hablan español. En esos casos, las autoridades deben proporcionar una persona intérprete o traductora durante las diligencias.
Si la persona desaparecida es extranjera, el órgano jurisdiccional debe informar sobre el procedimiento a la Embajada, Consulado o Agregaduría de su país de origen.
El trámite concluye con la emisión del certificado correspondiente, su inscripción en el Registro Civil y la publicación de la declaratoria en los medios oficiales previstos por la legislación. De acuerdo con la información consultada, estos actos son gratuitos.
Cada caso es diferente, por lo que las familias pueden necesitar orientación jurídica para saber qué medidas solicitar y cómo proteger los bienes, derechos y obligaciones de la persona desaparecida. Además, colectivos como Búsqueda X La Paz han realizado campañas para ayudar a los familiares a conocer qué hacer ante este tipo de situaciones.
