El PAN acudirán a la Cámara de Diputados federal para promover un juicio político y solicitar la separación del cargo de Marina del Pilar.
El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California anunció que presentará ante la Cámara de Diputados una solicitud para separar del cargo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tras las filtraciones de audios.
La medida fue anunciada por la dirigente estatal del partido, Lizbeth Mata Lozano, y el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Diego Echevarría.
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De acuerdo con lo expuesto por el PAN y reportado por el periodista Marco Vinicio Blanco, de Poder MX, la solicitud se relaciona con distintos señalamientos sobre la situación de Baja California y con los recientes audios atribuidos a la gobernadora.
Durante una rueda de prensa, Diego Echevarría explicó que la bancada considera necesario solicitar la separación del cargo y llevar el planteamiento de juicio político ante la Cámara de Diputados federal.
El legislador señaló que, desde la perspectiva del partido, los audios contienen conversaciones relacionadas con información que habría sido tratada en reuniones de seguridad y que podría haber sido utilizada para obtener un beneficio personal.
El PAN también cuestionó otros asuntos que considera relacionados con la situación actual del estado, entre ellos:
Seguridad.
Falta de agua y energía eléctrica.
Situación del sistema de salud.
Falta de medicamentos.
Desempleo y cierre de negocios.
Extorsiones.
Salida de funcionarios estatales para participar en procesos electorales.
Credibilidad de las instituciones.
Lizbeth Mata Lozano sostuvo que la solicitud responde también a una exigencia ciudadana y señaló que el partido decidió avanzar de los posicionamientos públicos a una acción jurídica.
La dirigente estatal afirmó que una reforma constitucional aprobada en Baja California en 2024 modificó las reglas para iniciar un juicio político contra la persona titular del Ejecutivo estatal.
Según explicó Echevarría, esa reforma retiró al Congreso local la posibilidad de promover un juicio político por violaciones a la Constitución federal y responsabilidades de carácter político.
Por esa razón, el partido político mencionó que pretende presentar el procedimiento ante la Cámara de Diputados federal.
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La oposición responsabiliza a la gobernadora por el incremento en extorsiones, el desempleo, las deficiencias en el suministro de agua y luz, y el desabasto de medicamentos en hospitales públicos. Foto: PAN Baja California
Además de hablar sobre la solicitud de separación del cargo, las diputadas Alejandrina Quintero y Mayola Gaona abordaron otros problemas que, según sus declaraciones, afectan a Baja California.
Quintero cuestionó la actuación de la Fiscalía General del Estado en casos relacionados con personas desaparecidas y señaló que algunas investigaciones han sido cuestionadas por familiares y colectivos.
También criticó el manejo de información relacionada con seguridad que, según dijo, aparece en los audios difundidos recientemente.
Mayola Gaona centró sus declaraciones en temas económicos y de salud, además de que señaló problemas relacionados con la falta de empleo, el cierre de negocios y las extorsiones.
También cuestionó la situación que enfrentan hospitales generales, centros de salud y el Hospital Materno Infantil por la falta de medicamentos.
Otro de los temas abordados fue la integración del Congreso del Estado donde Diego Echevarría acusó una supuesta sobrerrepresentación de Morena y otros partidos en el Poder Legislativo estatal. Como ejemplo, cuestionó la distribución de diputaciones de representación proporcional.
El diputado señaló que el PAN ya impugnó este asunto ante las autoridades electorales y sostuvo que, desde su punto de vista, la composición actual del Congreso no corresponde de manera proporcional a la votación obtenida por los partidos.
Durante la rueda de prensa también se presentó información sobre la llamada “Ley Vicentito”, una propuesta elaborada a partir de reuniones con Juan Carlos, padre de Vicente, un menor cuya muerte provocó reclamos públicos.
La iniciativa plantea modificaciones al Código Penal y al Código Civil para fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes y proteger sus vínculos familiares, siempre que las condiciones de cada caso lo permitan, entre los que se encuentran:
Agilizar los estudios psicológicos y de aptitud de madres y padres durante procesos familiares
Fortalecer el derecho de los menores a mantener vínculos con sus familias
Establecer agravantes en casos de acusaciones o declaraciones falsas utilizadas dentro de procesos de custodia
Evitar que niñas y niños sean utilizados como mecanismo de presión entre sus padres
Echevarría sostuvo que la propuesta no busca beneficiar a hombres o mujeres, sino colocar en el centro los derechos de los menores.
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A Marina del Pilar se le señala por supuestamente utilizar información confidencial, discutida en reuniones de seguridad estatal, para obtener un beneficio personal. Foto: Marina del Pilar
El PAN informó que la solicitud será presentada ante la Cámara de Diputados federal, debido a las limitaciones que, según los legisladores, existen actualmente en Baja California para iniciar un procedimiento de este tipo contra la titular del Ejecutivo estatal.
Echevarría explicó que, si el procedimiento reúne los elementos necesarios para avanzar, el caso podría continuar conforme a las etapas establecidas para un juicio político.
El PAN también adelantó que continuará con acciones relacionadas con los temas que considera prioritarios para Baja California. La dirigente estatal fue cuestionada además sobre el proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.
Mata Lozano señaló que los registros para candidaturas a gubernatura y alcaldías ya concluyeron, aunque todavía estaba pendiente la validación de los listados por parte del Comité Ejecutivo Nacional.
Sobre una posible candidatura del comunicador Gustavo Macalpin, indicó que ha existido diálogo con él, pero que hasta ese momento no había una candidatura formal.
Con la solicitud anunciada, el PAN busca llevar sus señalamientos contra la administración estatal a una instancia federal.
El proceso deberá seguir las etapas correspondientes para determinar si existen elementos suficientes para que la petición avance, mientras la mandataria enfrenta otros cuestionamientos.
Como la solicitud de la diputada federal por Baja California, Eva María Vázquez, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise sus movimientos financieros, bancarios y patrimoniales.
