Padres de familia de BCS convocan a manifestación en Los Cabos en medio de debate por decisiones judiciales en casos familiares.
Un padre de familia en Baja California Sur denunció a través de redes sociales presuntas irregularidades en el sistema judicial del estado, donde afirmó que, desde su perspectiva, algunos hombres enfrentan procesos sin pruebas suficientes.
Sostiene que el sistema actual prefiere "destruir familias" antes que admitir fallas en una estructura judicial que cuenta con una inversión millonaria.
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Esta denuncia pública surge tras su vinculación a proceso en el Centro de Justicia para las Mujeres, el cual de acuerdo a su testimonio, una jueza de control dictó esta medida basándose en la perspectiva de género pero ignorando presuntamente, desde su punto de vista, la falta de evidencias.
El reclamo principal del hombre y el grupo que lo acompaña es que, según señalan, se les impide convivir con sus hijos, además de denunciar posibles situaciones de manipulación en conflictos entre padres.
Señalan que, según su postura, algunas instituciones judiciales y familiares en el estado permiten que los hijos se alejen de sus padres a partir de denuncias que, afirman, no siempre cuentan con sustento suficiente.
Utiliza la frase "soy papá, no criminal" para señalar que su único deseo es estar presente en la vida de su hijo y acusa a los juzgados de actuar de forma ineficiente o parcial.
Además de su caso personal, el denunciante afirma que este movimiento se ha convertido en una "resistencia civil organizada" a la que se han sumado más personas que dicen ser víctimas de funcionarios estatales y municipales.
En el video también menciona que como medida de presión, anunció un seguimiento estricto al desempeño de jueces y juezas, advirtiendo que exhibirán públicamente a quienes dicten sentencias que ellos consideren contrarias a derecho.
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Foto: Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur
El conflicto de este tema escala porque, mientras este grupo de padres señala una persecución contra los hombres, las estadísticas oficiales muestran un panorama complejo de violencia en Baja California Sur.
Las cifras oficiales muestran que la violencia familiar es uno de los delitos más frecuentes en Baja California Sur, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de 2026 se registraron 545 víctimas de este delito en la entidad.
En ese mismo periodo, se contabilizaron 2,598 víctimas de delitos del fuero común en total, lo que permite dimensionar el problema en el estado.
Dentro de ese panorama, la violencia familiar destaca por encima de otros delitos como el homicidio o el feminicidio, que registraron 7 y 3 casos respectivamente, mientras que las lesiones dolosas sumaron 149 víctimas.
Además, se reportaron 213 víctimas de delitos sexuales, entre ellos 189 casos de abuso y 24 de acoso, así como 325 casos relacionados con incumplimiento de obligaciones familiares y 158 denuncias por amenazas.
En conjunto, estos datos reflejan que la violencia en Baja California Sur no se concentra únicamente en delitos graves como el homicidio, sino que también se presenta de forma constante en el entorno familiar y en otros ámbitos cotidianos.
Las cifras provienen de carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público, por lo que solo incluyen los casos denunciados, lo que sugiere que la cantidad real podría ser mayor.
La perspectiva de género es una herramienta que las autoridades, como el Centro de Justicia para las Mujeres, utilizan para juzgar casos donde existe una desigualdad histórica o vulnerabilidad.
Sin embargo, quien hizo la denuncia y quienes lo apoyan consideran que esta herramienta se está usando de forma indebida para iniciar procesos contra hombres sin pruebas suficientes.
El tema ha generado un debate sobre si el sistema realmente protege a las víctimas de violencia familiar o si, como señalan los manifestantes, se está utilizando para separar a padres de sus hijos sin justificación.
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Foto: Biblioteca Canva
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Ante esta situación, se ha convocado a una protesta para el viernes 24 de abril a las 9:00 de la mañana en la Plaza Mijares.
El objetivo de la movilización es exigir que se detengan lo que ellos llaman injusticias contra los niños y la "persecución contra los hombres".
Entre sus peticiones principales resalta la creación de un tipo penal que castigue las denuncias falsas o la obstrucción de vínculos familiares, similar a leyes existentes pero enfocada al otro género.
La manifestación busca también presionar a los funcionarios de cara a las próximas elecciones judiciales, exigiendo un escrutinio público sobre su desempeño profesional.
Por ello, piden que se cree un delito para castigar las denuncias falsas o cuando se impida a los padres convivir con sus hijos, algo similar a figuras legales que ya existen.
Actualmente, una de esas figuras es la violencia vicaria, que sanciona el uso de hijas e hijos para dañar a la pareja o expareja; aunque su definición es general, en México se aplica principalmente en casos de violencia de género contra mujeres.
Por lo que la propuesta mencionada en el video plantea un delito distinto, enfocado en situaciones donde padres señalan impedimentos para convivir con sus hijos o acusan denuncias falsas.
También buscan presionar a funcionarios rumbo a las próximas elecciones judiciales, pidiendo que se revise públicamente su trabajo y cómo han actuado en sus cargos.
Hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido una postura pública sobre estos señalamientos.
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