Activistas marcharon en San José del Cabo para exigir una moratoria al crecimiento y defender playas, acuíferos y áreas naturales ante el avance de megaproyectos.
Activistas y habitantes de Los Cabos salieron a las calles este jueves 13 de agosto para exigir mayor protección del territorio frente al avance de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y energéticos, así como la conservación de playas, sierra, manglares y otros espacios naturales del municipio.
La movilización recorrió el bulevar Paseo Malecón San José y fue encabezada por el Observatorio Ciudadano Vigilantes Peninsulares. Entre las demandas expresadas estuvo establecer una moratoria al crecimiento y a nuevas autorizaciones, bajo el argumento de que el desarrollo urbano y turístico continúa avanzando mientras distintas colonias enfrentan problemas de abastecimiento de agua.
Durante la marcha se hicieron visibles siete frentes relacionados con la defensa del territorio:
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Uno de los principales argumentos de quienes participaron en la movilización es la presión que el crecimiento urbano y turístico ejerce sobre recursos como el agua y sobre ecosistemas costeros y serranos.
La exigencia ocurre, además, en un municipio cuyos principales acuíferos presentan números negativos de disponibilidad. De acuerdo con información publicada por la Comisión Nacional del Agua en 2025, el acuífero Cabo San Lucas registra un déficit de 24.069 millones de metros cúbicos anuales, mientras que San José del Cabo presenta un déficit de 12.493 millones de metros cúbicos anuales.
En el caso de Cabo San Lucas, Conagua establece una recarga total media anual de 2.7 millones de metros cúbicos y una descarga natural comprometida de 2.2 millones; al considerar el volumen de extracción registrado, el resultado es negativo.
Foto: BCS Contra la Corrupción / Facebook
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Uno de los proyectos que concentró las críticas es Desarrollo Turístico Integral Punta Nayu, proyectado en la zona de San Cristóbal.
La Manifestación de Impacto Ambiental ingresada ante Semarnat contempla un proyecto sobre aproximadamente 558 hectáreas, con una inversión estimada de 116.7 millones de dólares y un periodo de desarrollo de 25 años. Incluye zonas residenciales y hoteleras, áreas comerciales, clubes de playa y dos campos de golf, uno de 18 hoyos y otro de nueve, además de una capacidad planteada de hasta 2 mil 540 cuartos.
El proyecto, identificado ante Semarnat con la clave 03BS2025TD093, estuvo sometido a consulta pública del 15 de junio al 10 de julio de 2026. Su propia propuesta contempla una planta desaladora para abastecer el desarrollo y una planta de tratamiento para reutilizar agua en áreas verdes y campos de golf.
La MIA también reconoce impactos derivados de las obras, entre ellos remoción de vegetación, modificaciones temporales del suelo y cambios en microhábitats, para los cuales plantea medidas de mitigación.
Foto: BCS Contra la Corrupción / Facebook
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La marcha de agosto forma parte de una discusión ambiental que durante 2026 ha ganado presencia en diferentes municipios de Baja California Sur.
En mayo, colectivos instalaron un “Firmatón” en el malecón de La Paz contra distintos megaproyectos planteados en el estado. También se han registrado manifestaciones relacionadas con proyectos en Todos Santos y acciones de defensa de la Sierra de la Laguna.
En mayo de este año, habitantes acudieron al Palacio Municipal de Los Cabos para expresar preocupación por posibles intervenciones en la Sierra de la Laguna. Tras la protesta, el Ayuntamiento informó que no existían solicitudes de construcción en esa Área Natural Protegida y acordó realizar una inspección conjunta con ciudadanos.
En San Miguelito, autoridades municipales también reportaron en mayo la clausura de obras tras detectar remoción de vegetación, movimientos de tierra y construcciones sin permisos municipales.
Foto: BCS Contra la Corrupción / Facebook
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El mensaje central de la movilización no fue rechazar de manera general cualquier inversión, sino cuestionar los límites que debería tener el crecimiento en una región con recursos naturales limitados.
Los asistentes defendieron el acceso público a las playas, la conservación del Estero de San José, la Sierra de la Laguna y otros espacios naturales, además de pedir que antes de autorizar nuevos proyectos se evalúe la capacidad real del municipio para suministrar agua, energía, movilidad y servicios públicos.
La pregunta que se repite entre los movimientos ambientales de Baja California Sur es ¿hasta dónde puede seguir creciendo Los Cabos sin comprometer los recursos que sostienen tanto a sus habitantes como a su principal actividad económica?
