Tras los señalamientos sobre asesorías en EU, pidieron a la UIF revisar las finanzas de Marina del Pilar por pagos de más de 300 mil dólares.
Tras los audios filtrados de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, fue presentado un Punto de Acuerdo para pedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise sus movimientos financieros y patrimoniales.
La solicitud se presentó después de que circularan señalamientos sobre presuntas asesorías y gestiones realizadas en el extranjero.
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La diputada federal por Baja California Eva María Vázquez presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realice una revisión de los movimientos financieros, bancarios y patrimoniales de la gobernadora.
De acuerdo con la legisladora, la solicitud está relacionada con señalamientos difundidos públicamente sobre presuntas gestiones y contrataciones de asesorías en el extranjero, cuyo costo podría superar los 300 mil dólares.
Señaló que, debido al monto mencionado, considera necesario aclarar de dónde provienen los recursos utilizados y determinar si existe alguna irregularidad.
La solicitud no significa que exista una investigación concluida ni que se haya comprobado algún delito, se trata de un Punto de Acuerdo mediante el cual la diputada pide a una autoridad competente revisar información financiera para determinar si existen elementos que ameriten alguna actuación.
La legisladora argumentó que una revisión de este tipo permitiría aclarar las dudas que han surgido alrededor de los señalamientos y establecer si los recursos utilizados tienen un origen legal, entre los puntos que plantea la solicitud se encuentran:
Revisar información financiera y patrimonial de Marina del Pilar
Analizar movimientos bancarios relacionados con los señalamientos
Solicitar información a instituciones financieras y autoridades correspondientes
Intercambiar información con organismos internacionales, en caso de ser necesario
Determinar si existen elementos que deban ser investigados conforme a la legislación
La propuesta fue presentada ante la Cámara de Diputados y plantea que la UIF utilice las facultades que tiene para recopilar y analizar información financiera.
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La petición busca conocer si los movimientos financieros y patrimoniales de la mandataria estatal corresponden con la información disponible y si existe algún elemento que requiera una investigación más amplia.
Vázquez sostuvo que las autoridades deben revisar cualquier señalamiento relacionado con el manejo de recursos cuando existan elementos que justifiquen un análisis financiero.
La UIF tiene entre sus funciones la recopilación y análisis de información relacionada con operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con actividades ilícitas.
También puede intercambiar información con otras autoridades e instituciones, incluso de otros países, cuando los procedimientos correspondientes lo permiten.
En el caso planteado por la diputada, uno de los puntos que se solicita es precisamente recurrir a mecanismos de intercambio de información con agencias homólogas internacionales si resulta necesario para conocer el origen o destino de determinados recursos.
La revisión solicitada abarcaría información financiera y patrimonio; sin embargo, la existencia de una solicitud ante la UIF no significa por sí misma que haya una irregularidad.
Para que una investigación avance hacia otras instancias tendría que existir información que permita establecer posibles conductas contrarias a la legislación.
La diputada también señaló que una revisión permitiría dar claridad sobre los señalamientos que han circulado públicamente y, en caso de no encontrarse irregularidades, contribuiría a descartarlas.
Hasta ahora, la información disponible corresponde a la postura de la diputada y a la solicitud que presentó ante la UIF. Esto no significa que la dependencia haya encontrado alguna irregularidad en las cuentas o el patrimonio de la gobernadora.
La mandataria estatal, por su parte, afirmó que ya presentó una denuncia penal a raíz de los audios filtrados y los señalamientos en su contra; según explicó, la denuncia es por presunta usurpación de funciones y violencia política.
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El origen de la petición está relacionado con información que ha circulado públicamente sobre presuntas asesorías y gestiones realizadas en el extranjero.
Según lo expuesto por la diputada, el costo de esos servicios podría superar los 300 mil dólares, razón por la que considera necesario conocer con mayor detalle el origen de los recursos empleados.
La legisladora sostuvo que el monto señalado requiere que las autoridades correspondientes revisen la información disponible y determinen si existe algún elemento que deba ser aclarado.
El Punto de Acuerdo también plantea que, si durante el análisis aparecen datos suficientes para continuar con una investigación, la UIF actúe conforme a sus atribuciones legales.
La solicitud contempla así una revisión que podría incluir información financiera nacional y, si fuera necesario, datos obtenidos mediante mecanismos de cooperación internacional.
Por ahora, el hecho confirmado es que la diputada federal presentó la propuesta para solicitar la revisión. No existe, a partir de la información proporcionada, una resolución que determine que Marina del Pilar haya cometido alguna irregularidad financiera.
La petición se suma a los distintos señalamientos que han mantenido a la mandataria estatal en la conversación pública durante las últimas semanas.
En este caso, el planteamiento está centrado específicamente en conocer el origen de los recursos relacionados con las presuntas asesorías y revisar información sobre sus cuentas y patrimonio.
Ahora, el proceso dependerá de cómo avance la solicitud y de las decisiones que tomen las autoridades correspondientes.
Tras los señalamientos por sus reuniones con supuestos agentes de la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos, afirmó que se trató de una trampa atribuida a Jaime Bonilla.
También aseguró que la conversación fue sacada de contexto y que las personas que se presentaron como agentes nunca mostraron documentos que acreditaran esa identidad.
