El Gobierno de Yucatán sostiene que la reforma permitirá un mejor control financiero del sistema de transporte público.
La administración estatal defenderá las modificaciones realizadas a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán, luego de que el diputado local Álvaro Cetina Puerto promoviera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así lo informó el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, quien hizo un llamado a no politizar el tema del transporte público y aseguró que las reformas buscan fortalecer los mecanismos de control financiero del sistema.
Foto: Alejandra Vargas.
El funcionario señaló que los cambios pretenden evitar gastos que, a juicio del Ejecutivo estatal, representaban una carga excesiva para las finanzas públicas.
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Uno de los principales ajustes aprobados consiste en modificar la forma en que se calcula el pago a los concesionarios del transporte público.
Pérez Avilés explicó que anteriormente existía un esquema basado en kilómetros garantizados, mediante el cual el Estado estaba obligado a cubrir una cantidad fija de kilómetros, independientemente de si estos eran recorridos o no.
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Con la reforma, el pago se realizará únicamente por los kilómetros efectivamente recorridos. De acuerdo con el secretario, esta medida permitirá que los recursos públicos se destinen de manera más precisa a la operación real del servicio y evitará que el Gobierno cubra trayectos que no se realizan en la práctica.
Vamos a estar pendientes y daremos a conocer la respuesta cuando sepamos cuál es el contenido de la controversia que presentaron. Vamos a garantizar el servicio de transporte, pero siendo eficientes, y no vamos a dar marcha atrás en el cuidado de los recursos de los ciudadanos.
Omar Pérez Avilés - General de Gobierno
Según el secretario general de Gobierno, la reforma responde a la necesidad de fortalecer la disciplina financiera dentro del sistema de transporte público.
Recordó que durante 2025 la Agencia de Transporte contó con un presupuesto cercano a los 854 millones de pesos; sin embargo, los subsidios otorgados alcanzaron alrededor de mil 600 millones de pesos.
Cifras destacadas:
Pérez Avilés explicó que el objetivo es evitar incrementos de este tipo mediante mecanismos de control más estrictos y mantener el apoyo al sistema sin comprometer recursos adicionales por falta de supervisión financiera.
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Pérez Avilés reconoció que cualquier ciudadano o representante popular tiene derecho a acudir a los tribunales para impugnar leyes o actos de autoridad, por lo que señaló que el Ejecutivo respetará el proceso legal iniciado por el legislador panista.
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No obstante, afirmó que el Gobierno mantendrá su postura respecto a la reforma y defenderá los cambios aprobados.
Asimismo, reiteró el llamado a no politizar el sistema de transporte público y sostuvo que la prioridad debe centrarse en garantizar un servicio eficiente para los usuarios, acompañado de una administración responsable de los recursos públicos.
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