Los pueblos mayas de Yucatán alzaron la voz para defender sus tierras, su agua y su memoria ancestral.
Habitantes de las comunidades de Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec y Hotzuc emprendieron una sólida batalla jurídica y social contra la instalación y operación de bancos de materiales pétreos que amenazan sus viviendas, fuentes hídricas y valiosos vestigios arqueológicos.
Acompañados por el colectivo Utsil Kuxtal, las y los pobladores acusaron directamente a las autoridades estatales y federales de omisión, al no garantizar sus derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada, así como a un medio ambiente sano.
La indignación también alcanzó al Poder Judicial de la Federación, al que cuestionaron por otorgar facilidades para que los proyectos continúen operando a pesar de los juicios de amparo en curso.
El pasado 19 de agosto, sus habitantes interpusieron una batería de denuncias formales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS).
El recurso legal apunta a dos complejos extractivos: la empresa CYPSSA-Península y un segundo banco de razón social desconocida. Ambas operaciones fueron impuestas sin el consentimiento de la comunidad.
Un estudio técnico integrado al expediente por el colectivo Utsil Kuxtal reveló datos alarmantes sobre la ubicación de las maquinarias:
El último punto es respecto a un tanque estacionario de gas de gran escala, elevando el riesgo para la población.
La lucha contra la devastación del suelo maya no es un hecho aislado. En marzo de este año, los pueblos de San José Tzal, Hotzuc y Tebec unieron fuerzas para promover un juicio de amparo contra autoridades de los tres órdenes de gobierno, responsabilizándolas por permitir la extracción indiscriminada a cargo de la empresa PROSER.
A pesar de que el colectivo Utsil Kuxtal acotó que las irregularidades ambientales y patrimoniales aún deben ser ratificadas mediante resoluciones definitivas en los tribunales, la movilización comunitaria marca un precedente histórico en la Península de Yucatán.
Las familias mayas reiteraron que mantendrán la firmeza legal hasta frenar las detonaciones y la maquinaria que hoy desgasta la selva y la historia de sus territorios.
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Con información del Universal.
