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Comunidades mayas de Yucatán alzaron la voz ante presuntas afectaciones ambientales, territoriales y al patrimonio cultural derivadas de actividades de minería a cielo abierto para la extracción de material pétreo.
El caso más reciente corresponde al pueblo maya de Yaxcopoil, en el municipio de Umán, cuyos habitantes presentaron denuncias formales ante autoridades federales y estatales, al considerar que sus derechos colectivos han sido vulnerados.
La denuncia ha puesto nuevamente en el centro del debate la expansión de bancos de materiales en el estado y su impacto directo en selva, cenotes, fauna silvestre y vestigios arqueológicos.
¿Qué denunció el pueblo maya de Yaxcopoil en Umán?
De acuerdo con la comunidad, a mediados de enero ingresó maquinaria pesada, tractores, bulldozers y excavadoras, a zonas cercanas al poblado, sin aviso previo ni consulta. Estas acciones provocaron la deforestación de selva, daños a cenotes, desplazamiento de fauna como venados, coatíes e iguanas, así como afectaciones a vestigios prehispánicos ubicados en el territorio.
Los habitantes señalaron que nunca fueron informados sobre las empresas responsables ni sobre la existencia de permisos oficiales para dichas actividades extractivas.
¿Qué papel tuvieron las guardias comunitarias y el INAH?
Ante la falta de respuesta institucional, el 18 de enero la comunidad realizó una asamblea y decidió instalar guardias comunitarias permanentes para frenar los trabajos y proteger su territorio. Hasta ahora, aseguran, ninguna autoridad ambiental ha acudido a dialogar.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue la única dependencia que realizó inspecciones en la zona, donde confirmó daños al patrimonio arqueológico, incluyendo vasijas prehispánicas rotas, lo que derivó en la clausura de las obras.
¿Por qué alertan que el problema se extiende a otros pueblos mayas?
Representantes de Yaxcopoil advirtieron que la minería de material pétreo en Yucatán se ha expandido en los últimos meses, afectando a comunidades mayas de municipios como Mérida, Umán y Chocholá. Entre los impactos denunciados destacan la contaminación del agua, daños a la salud por polvo y detonaciones, y la destrucción del patrimonio cultural.
Finalmente, el pueblo maya exigió investigaciones independientes, sanciones, la clausura permanente de los proyectos y la reparación del daño, además de respeto a su libre determinación y organización comunitaria.